La historia reciente de la Ciudad de México ha estado marcada, de manera cuasi perversa, por una fecha: el 19 de septiembre. Fue el 19 de septiembre de 1985 cuando un terremoto de 8.1 grados sacudió la capital del país, dejando detrás incontables daños en su infraestructura, así como la muerte de miles de personas. Otro sismo en 19 de septiembre, esta vez de 2017, de 7.1 grados en la escala Richter, volvió a poner en emergencia a esta metrópoli.
Al registrarse pérdidas humanas y patrimoniales, daños en infraestructura y servicios públicos, así como impactos sociales con efectos negativos de gran envergadura, el 21 de septiembre de 2017 se declararía como zona de desastre a las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) las amenazas naturales se convierten en desastres cuando impactan a las personas y los bienes económicos que están expuestos a sus fuerzas destructivas. Esto es, se debe a la falta de prevención, planificación y acciones adecuadas y efectivas que fenómenos naturales como los sismos puedan ser dañinos, incluso, tornarse catastróficos.
Un déficit en la efectiva garantía de los derechos humanos a la vida, la salud, el espacio público seguro, la vivienda, la integridad personal, a un nivel de vida adecuado, entre otros, todos ellos reconocidos en la Constitución Política de esta Ciudad, ponen a las personas y sus comunidades en riesgo de desastre, tal como se documenta ampliamente en el Informe Especial sobre el estado que guarda la garantía de los derechos humanos de las personas damnificadas por el sismo de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Tal situación va más allá de acciones u omisiones concretas de las autoridades, muestra fallas estructurales del aparato estatal y aún limitada capacidad de atender este tipo de emergencias, lo que, a su vez, implica diversos impactos en las personas damnificadas y en la sociedad en su conjunto.
A un año de distancia de este acontecimiento, ni sus casusas ni sus consecuencias han sido superadas. La CDHDF, entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, recibió 258 quejas relacionadas con el citado movimiento telúrico, en promedio dos (quejas) al día.
Si bien se reconoce que la ocurrencia de un fenómeno sísmico no es imputable a las autoridades públicas, la prevención de un desastre, como el que día a día afecta a las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, sí lo es, más aun cuando se sabe que la Ciudad de México es una ciudad sísmica y sus riesgos ampliamente conocidos.
Por ello, el pasado 18 de septiembre, la CDHDF presentó la Recomendación 12/2018, por la insuficiencia en la prevención y mitigación de riesgos a la vida y a la integridad personal, así como falta de información y certeza en torno a la reconstrucción y rehabilitación; y la Recomendación 13/2018, por el desplazamiento forzado de personas, ambas en el contexto del sismo de 19 de septiembre de 2017.
Las citadas Recomendaciones buscan posicionar en la agenda pública el enfoque de derechos humanos como parte del proceso de reconstrucción, en ciernes, de la Ciudad, considerando las etapas de prevención y, referencialmente, la de atención inmediata. Lo anterior, sin obviar que el análisis de los derechos humanos debe estar presente también en las etapas de rehabilitación y reconstrucción.
El alcance de las Recomendaciones 12/2018 y 13/2018 es estructural, debido a que no buscan analizar casos individuales, sino elementos que han implicado la falta de efectiva garantía de diversos derechos humanos de las víctimas; asimismo, poseen un enfoque reparador, pues se pone un marcado énfasis en la búsqueda de aspectos que contribuyan a la planeación e implementación de una política de prevención de los desastres derivados de los riesgos y vulnerabilidades con los que cotidianamente se vive en esta entidad.
En suma, las Recomendaciones antes citadas implican un cuestionamiento abierto a la falta de acción preventiva diligente de las autoridades de la Ciudad de México por no haber adoptado medidas preventivas con debida diligencia para evitar que el sismo derivara en desastre, pese a que conocían o debían conocer los diversos riesgos y factores de vulnerabilidad que caracterizan a nuestra Ciudad.
La Comisión solicita, a través de los citados instrumentos recomendatorios, que las autoridades capitalinas reconozcan que la gobernanza de la Ciudad en materia de prevención de desastres es limitada, y hace un llamado a trabajar de manera conjunta, autoridades responsables y autoridades colaboradoras, para contar con una política pública eficaz en la materia.
