Por Martín Takagui
Los diputados y senadores de la LXIII Legislatura ya pueden descansar en paz; la agenda legislativa ya fue anunciada por quien encabezará la próxima administración federal. Incluso, hay quienes después de los comicios del 1 de julio resultaron damnificados por el “tsunami” y regresaron corriendo a ocupar su lugar, pues sabían que habían dejado trabajo pendiente.
Mando policial único o mixto, eliminación definitiva de la inmunidad o fuero constitucional, nombramientos de Fiscal General, Fiscal Anticorrupción, y demás miembros del Sistema Nacional anticorrupción, eran algunos de los temas que no alcanzaron consenso durante el último periodo ordinario de sesiones, en lo que fue la última de las legislaturas de la pluralidad partidista.
Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de reformas, un paquete de modificaciones legales para dar cumplimiento a sus compromisos de campaña, entre los que destaca la revocación de las disposiciones que tienen que ver con la reforma educativa, la eliminación del fuero, así como la recreación de la Secretaría de Seguridad Pública.
Por lo menos 12 reformas, algunas de ellas constitucionales, no tendrán mayor problema para ser aprobadas por la LXIV Legislatura, que inicia sus funciones formalmente el 1 de septiembre próximo con la ceremonia del sexto y último informe presidencial de Enrique Peña Nieto, el cual será entregado por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, según las prácticas de la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Esa docena de iniciativas resultará aún de mayor profundidad, pero además va de acuerdo con lo que habrían dejado pendientes los integrantes de la legislatura que ya descansa, pues se había hablado de la necesidad de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocara a un periodo extraordinario de sesiones, con los propósitos señalados.
Más allá de la discusión en la que se enfrascaron las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI en torno a si era mejor contar con mando policíaco mixto o mando único, ahora la propuesta lopezobradorista es crear nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública, surgida para la administración presidencial de Vicente Fox Quesada y sobreexplotada por el ex presidente Felipe Calderón, pero extinguida por la administración de Enrique Peña Nieto, que está en el mismo proceso de extinción.
Otra iniciativa de la agenda que fue rebasada por mucho es la eliminación del fuero constitucional, pues la propuesta impulsada por el ex candidato del PRI José Antonio Meade, era solamente que se eliminara la inmunidad y que no hubiese ningún privilegio para los gobernantes o para lo que se llamará en breve la “alta burocracia”, incluido el Presidente de la República.
La propuesta de AMLO es modificar el artículo 108 constitucional para que el presidente pueda ser enjuiciado por corrupción y delitos electorales, así como la eliminación del fuero para todos los funcionarios.
Si bien López Obrador ha señalado que no enviará un gran paquete de iniciativas de reformas legales, pues asegura que con el actual marco normativo el país puede dar los pasos necesarios, esta docena le permite avanzar para el desarrollo y para dar cumplimiento a sus compromisos.
También se incorpora en este paquete, modesto en número pero de importante profundidad, el tema de la democracia participativa, mediante el establecimiento de un mecanismo de consulta para la revocación del mandato y eliminar trabas en los procedimientos de referéndum populares.
Entre las demás propuestas de reformas destaca también la consolidación de una de las banderas de López Obrador en su calidad de líder de oposición, pero ahora en condiciones de cumplir como gobierno: que el delito electoral se considere delito grave y sin derecho a la libertad bajo fianza.
En esas condiciones, la LXIII Legislatura queda sin materia, las posibilidades de aprobación de dictámenes en las comisiones de trabajo se ven frustradas, pues los temas han sido rebasados por mucho, y lo mejor será dejarlos en la congeladora del anfiteatro legislativo.
Se cancela, pues, la posibilidad de que antes de septiembre se convoque a un periodo extraordinario de sesiones, pues la agenda de reformas de la próxima administración sepultó la posibilidad de que unos 40 diputados suplentes participaran en la aprobación de al menos una ley, pues son quienes asumieron la diputación cuando había concluido el último periodo ordinario en abril pasado.
