Por Mauricio Flores
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Cuando Enrique Ochoa era todavía director de la Comisión Federal de Electricidad, en una entrevista le comenté mis dudas acerca de que fuera viable la construcción de la nueva hidroeléctrica Chicoasen II, de Chiapas, con la contratación de CAABSA y Omega -en alianza con la firma china SinoHydro- por un bajísimo presupuesto de 530 millones de dólares, debido a que la suma no ajustaba con los costos promedio por kilowatt en ese tipo de proyectos. Aseguró que el proyecto sería viable, pero ahora está por ser la primera obra de su tipo en quedarse a medias, varada en un conflicto legal de tamaño internacional y grave confrontación social en la zona… un conflicto que detonó por falta de recursos para mejorar indemnizaciones de tierras, contratar trabajadores dentro de lo establecido por el sindicato SUTERM y contratar al servicio de acarreo de materiales exigido por la CTM local.
Por cierto, CAABSA, de Luis y Mauricio Amodio, es la misma empresa que lleva un notable rezago en la construcción del tramo capitalino del Tren Rápido México-Toluca.
- Cuando Ángel Aguirre era gobernador perredista de Guerrero (hoy ya parte de Morena) aseguraba todo estaba listo para instrumentar el proyecto largamente acariciado de la Hidroléctrica La Parota: con un espejo de agua 12 veces del tamaño de la Bahía de Acapulco, tendría capacidad de generar energía para prácticamente las principales ciudades del Pacífico Sur, garantizar agua a Guerrero los próximos 50 años y generaría actividades turísticas y pecuarias en una región donde hoy, dada la pobreza y carencia de oportunidades, dominan las bandas que trafican opio. Para construir La Parota, hasta 2014 la CONAGUA a cargo de David Korenfeld avanzaba en una nueva negociación con los pueblos y comunidades que tendrían que ser reubicadas al inundarse el vaso de la presa… hasta que alguien brillante en la CFE quiso tomar las riendas de la negociación pero perdió ante el amparo promovido por un pequeño grupo opositor en la comunidad de Cacahuatepec. La obra quedó en quimera.
- Si el cometido de Manuel Bartlett Díaz es, como asegura, reforzar a la CFE sin violentar el marco de economía de mercado que asume la Reforma Energética, el poblano tendrá que retomar ambos proyectos para proveer de energía sustentable y holística a un país donde la demanda crece al 9% anual.
Si bien Ochoa dejó al actual director de la compañía, Jaime Hernández, un envidiable margen de generación respecto al consumo de casi 20% y un balance financiero limpio tras reestructurar las pensiones de CFE, la tarea del próximo director es ampliar la oferta en base a energías sustentables y renovables, así como obtener mayor suministro nacional de gas natural para ello.
- De hecho, tendrá que convencer al director del Banco de Desarrollo de América del Norte, Alex Hinojosa, de que los 8 proyectos privados que financiará para la generación fotovoltaica y eólica de 1,600 MW a financiar en la frontera norte se construyan en el lado mexicano, y no de lado estadounidense por temor a un cambio en las reglas del juego. Ese banco emitió Certificados de Capital de Desarrollo por 4 mil millones de pesos para tales proyectos y se apoya, en parte, en el ahorro de trabajadores mexicanos en Afores.
- El apaciguamiento al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas se impone: un creciente grupo opositor a Martín Esparza, liderado por su ex amigo Rosendo Flores, está dispuesto a tomar calles y armar un buen mitote para ser recontratados por la CFE y que exige, a nombre de Andrés Manuel López Obrador, la re nacionalización del sector eléctrico. En esa re nacionalización los disidentes exigen revertir el contrato con que el SME obtuvo la operación de las hidroeléctricas Necaxa y Lerma, la Termoeléctrica de Lechería y 11 mini-generadoras como liquidación a los ex trabajadores de Luz y Fuerza, activos con los que se asociaron con la portuguesa Mota Engil, a cargo de Joao Parreira, para suministrar 1,800 MW al Valle de México.
- Establecer los alcances del propósito de Claudia Sheinbaum de cancelar la Termovalorizadora y el Biodigestor, pues de concretar su propósito la próxima jefa de gobierno de la CDMX, la CFE tendrá que procurar una fuente alterna para energía renovable (y así cumplir con los términos del Acuerdo de París contra el Cambio Climático) para los edificios del gobierno capitalino y del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
- Romper el monopolio que CFE ejerce a través de CFE-Distribución, a cargo de Roberto Vidal, para suministrar de electricidad hacia los clientes finales. Quien ha contratado, por ejemplo, celdas fotovoltaicas para calentar su regadera, iluminar su casa o para operar su restaurante o fábrica mediana, sabe del viacrucis de largos meses para que la CFE registre la compra de energía con otro proveedor y ya no pagar elevados recibos bimestrales. Y es que CFE-Distribución, aunque tenga un reglamento que le obliga a operar de manera neutra, es una empresa productiva subsidiaria de la misma CFE: es juez y parte en la distribución y por tanto tiene incentivos para establecer condiciones no competitivas para ingresar a su red la energía de pequeños y medianos generadores. Esos generadores son los que buscan atender a la clase media y a las Pymes, los usuarios que padecen la Tarifa del Servicio Doméstico de Alto Consumo (DAC) hasta 350% más alta que las tarifas subsidiadas. No romper ese monopolio en la distribución eléctrica equivale a emular el control que Telmex tuvo el siglo pasado cuando recién se privatizó.
