Patricia Sotelo
De la mano derecha de la futura Secretaria de Gobernación cuelga una pulsera con siete dijes. Cada uno representa el número de nietos que tiene. Sonríe cuando habla de ella y su significado. La muestra como símbolo de que está a favor de la vida cuando la cuestionan sobre el tema del aborto, pero aclara que eso no le impide luchar “hasta la muerte” para despenalizar la interrupción del embarazo.
“Aquí tengo mi pulserita que tiene siete nietos”, dijo en un foro del Tecnológico de Monterrey, mientras la mostraba, y agregó: “Por supuesto que no estoy a favor del aborto. Lo que no quiero, y mi vida va de por medio, es que a las mujeres las priven de la libertad durante 30 años”, dijo en tono de arenga que provocó un estallido de aplausos, los que recibió con el puño en alto.
Sus palabras sonaron a grito de guerra y no dejaron duda que la ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará la batalla para lograr la despenalización del aborto.
La analogía de la pulsera de Sánchez Cordero deja en claro la diferencia que debe darse en el debate del tema, sobre todo cuando se trata de políticas públicas. Una cosa es estar a favor o en contra del aborto por un principio ético o moral y otra cosa es permitir que el Estado encarcele a las que deciden interrumpir su embarazo por la causa que fuere.
El dilema moral sobre el aborto es conocido. Quienes se manifiestan en contra lo hacen, en su mayoría, desde una visión religiosa que defiende la vida desde su concepción y, por lo tanto, interrumpirla es indebido, un pecado. No importa en qué circunstancias se dio el embarazo ni si la mujer desea ser madre o si existen las condiciones para hacerse cargo del hijo. Y está bien, quien así piense que así actúe en consecuencia.
Pero esa posición no debe imponerse a quienes piensan diferente, y mucho menos debe formar parte de una política de Estado. Sobre todo, cuando la realidad es que el aborto existe y muchas lo practican de forma clandestina, sin condiciones adecuadas de higiene, poniendo en riesgo su vida, y provocando, con ello, un problema de salud pública.
En México, las complicaciones por aborto son la quinta causa de muerte materna; al menos 57% ocurren por prácticas clandestinas, según datos oficiales. Pero en la Ciudad de México, la tasa se redujo a cero.
Sí, a cero, luego de que hace 11 años la entonces ALDF aprobara la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación. No hay muertes porque las mujeres son atendidas en hospitales. Y tampoco hay encarceladas, porque no hay delito que perseguir.
La CDMX es la única entidad que permite interrumpir el embarazo por voluntad propia. En los demás estados esta práctica es un delito. En algunos se permite sólo bajo ciertas causas: en 23, por riesgo de muerte de la madre; en 15, por riesgo de salud de la madre; en 16, si el feto presenta malformaciones, y dos, por causas económicas graves. Además, 17 estados blindaron sus constituciones para proteger la vida desde la concepción.
Algunas mujeres que abortan, aún en forma involuntaria, son perseguidas como en los tiempos de la Inquisición. De acuerdo con el informe de Materni- dad o Castigo, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en México, cada día se denuncia a una mujer por aborto. Entre 2007 y 2016, se denunciaron a 4 mil 246.
Gran batalla deberá dar Sánchez Cordero por la despenalización del aborto. Seguro encontrará obstáculos de los grupos más conservadores, pero la veremos en la trinchera, agitando su pulsera.
