Patricia Sotelo
El gobierno de Enrique Peña Nieto cometió un crimen: simuló buscar a las miles de personas reportadas como desaparecidas en nuestro país.
De acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en 2018, luego de la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, se destinaron casi 469 millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero solo se ejercieron 6 millones. ¡Sólo 6 millones!
Los restantes 463 millones de pesos simplemente no se liberaron, y con ello, se dejaron de realizar las acciones que le correspondían al Estado para buscar a los más de 40 mil desaparecidos registrados en el país.
Esto es, no se ejerció un presupuesto que estaba destinado a atender las denuncias por desaparición de personas, coordinar los operativos policiacos de búsqueda inmediata, contar con la tecnología adecuada y los recursos humanos suficientes, realizar los exámenes de ADN a los miles de cuerpos que se encuentran en las instalaciones forenses y reparar el daño a las víctimas.
Pero además, el gobierno de Peña Nieto simuló la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), cuando no se han integrado las respectivas comisiones en 24 estados de la República, y en 20, ni siquiera se han tomado medidas legislativas para hacerlo.
No importó, por lo tanto, que existan miles de personas desesperadas buscando a sus familiares desaparecidos cuando existían los recursos para hacerlo. ¡Es imperdonable!
¿Quién o quiénes son los responsables? ¿Por qué no se liberaron los recursos? ¿Dónde quedó ese dinero? Debe haber responsables y castigarlos.
Ha sido la incompetencia de las autoridades encargadas de buscar a los desaparecidos
lo que ha llevado a mujeres y hombres, madres y padres, hijas, hijos, a buscar por su cuenta a sus seres queridos, entre veredas, en las montañas, en terrenos inhóspitos. Hemos escuchado miles de historias de quienes, desesperados, pidieron la ayuda de la policía, pero fueron ignorados.
Los datos oficiales indican que hay 40 mil personas desaparecidas, mil 100 fosas clandestinas (dos mil, según una investigación periodística comentada en este espacio) y 26 mil cadáveres sin identificar. Son las cifras de la barbarie. Por eso, y con toda razón, Encinas afirmó: “hemos heredado uno de los signos más ominosos del régimen anterior”.
La estrategia nacional para la búsqueda de personas desaparecidas que presentó la semana pasada el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (LGMDFP), tiene el reto de darle la vuelta al pasado y comenzar a dar resultados.
El plan es muy amplio y con una prioridad: la búsqueda “en vida” de personas. Incluye otorgar beneficios a quien proporcione información que permita dar con el paradero de los desaparecidos, además de dar protección a testigos. Pero también, tipificar los delitos para castigar a particulares y a cualquier autoridad que se vea involucrada en la desaparición forzada de personas.
El SNB quedará reinstalado en marzo, y contará con 400 millones de pesos asignados a la Comisión, pero podrá recurrir a los siete mil 500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Los familiares de las víctimas participaron en la elaboración de esta estrategia y, como en el caso de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hoy tienen la esperanza de ser escuchados y atendidos. Por eso, el Estado no les puede volver a fallar.
Doce años de guerra contra el narcotráfico, miles de muertos y desaparecidos y ¿el gobierno de Peña Nieto se atrevió a simular que estaba haciendo algo por las víctimas? Fue una burla. Un gran pecado social. Un crimen.
