Carla María Petrella
Uno de los grandes retos que enfrenta cualquier gobierno es posicionar en la agenda pública los temas de su interés, sus programas y acciones en materia social, política y de seguridad, ya que con frecuencia es respecto a ello que se evalúa cuán efectiva es una gestión y los resultados que da a la ciudadanía
Con frecuencia las denuncias y temas que publican los medios de comunicación cobran especial interés para los funcionarios, legisladores y políticos. Rara vez se publica una nota de denuncia o escándalo sin que ello genere enojo en los gobernantes.
Cuando “sale una nota”, la primera pregunta de las autoridades aludidas, ya sea en el gobierno, los congresos o en un partido político es “¿quién filtró eso?, ¿quién me quiere golpear?”, dejando a un lado lo verdaderamente importante; a saber, si es que la información publicada es verdadera o falsa.
Con frecuencia un político o funcionario que enfrenta esta situación ―no importa el ámbito o nivel― reacciona pensando que hay un complot en su contra, se enfoca en descubrir qué intereses oscuros se esconden detrás de tal reportero o medio, y muy a su pesar accede a brindar una aclaración sobre el asunto o, en el más extremo de los casos, a actuar, es decir a hacer algo para resolver aquello que se denuncia.
Este tipo de situaciones se presentan más fácilmente cuando un gobierno no ha logrado posicionar una agenda propia, o ésta es tan débil que convierte a la autoridad en un ente reactivo, lo que provoca que los funcionarios y políticos gradualmente vayan concentrándose más en atender y resolver la agenda de los medios que en posicionar y dar seguimiento a la propia.
La situación puede ser momentánea o extenderse durante toda una gestión; mucho depende de la estrategia de comunicación política aplicada, pero sobre todo de las acciones constatables que el gobierno en cuestión emprende. Hoy en día la gente quiere autoridades que le resuelvan problemas de su entorno cercano, esperan políticos y funcionarios accesibles y sobre todo desean respuesta a sus demandas. Cuando esto no ocurre, viene la denuncia, que de no ser atendida a través de los canales tradicionales, como una carta, una audiencia o el acercamiento directo con la autoridad, pasa a las redes sociales, donde se puede volver viral y entonces sí difícilmente el impacto negativo es mitigable.
Así las cosas, los gobiernos deben tener cuidado no sólo en que su agenda sea de interés ciudadano, sino ante todo de contar con funcionarios lo suficientemente sensibles como para atender y resolver las denuncias de la gente, especialmente cuando se trata de temas de seguridad, violencia contra las mujeres, corrupción o mal funcionamiento de un área de gobierno.
Sobran los ejemplos de lo que sucede cuando las necesidades de la gente se dejan sin atender. En la ciudad recientemente las denuncias que decenas de mujeres hicieron en redes sociales sobre secuestro y abuso sexual obligaron a la autoridad a actuar a posteriori, igual que sucedió con las denuncias contra inmobiliarias, y están además los casos de linchamiento y las quejas por el desorden en las calles provocado por los scooters y decenas de casos de gobiernos estatales.
Sin duda la denuncia de la gente es fundamental para el buen funcionamiento de un gobierno que rige la vida de más de 8 millones de habitantes. Lo que no se entiende es que la autoridad no se adelante a problemas de años y que deba esperar hasta que ocurra una tragedia para actuar. Así ha sucedido con derrumbes, explosiones e incendios, eventos que en muchos casos pudieron haberse evitado, pero justo la falta de la prevención, el desinterés profesional y la presencia de intereses políticos terminan convirtiendo a los gobiernos en rehenes de la agenda mediática y no en ejecutores de la propia.
