Alberto Cuenca
Habrá que poner mucha atención en la iniciativa de Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad que la diputada de Morena, Valentina Batres, presentó ante el Pleno del Congreso local, pues por lo menos en el gobierno capitalino y en el federal la propuesta ya hizo ruido.
Tanto llamó la atención el documento que en la administración de Claudia Sheinbaum planean presentar una iniciativa de la jefa de gobierno que haga contrapeso a la de Valentina Batres.
Coincidencia, quizás, pero dos días después de que la diputada dio a conocer su iniciativa, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM), Jenaro Villamil, se apersonó en la sede del gobierno de la Ciudad.
No es para menos, pues hay elementos de la iniciativa que extralimitarían las funciones del propio Sistema local; además, como está redactada genera el riesgo de convertir al organismo en un espacio para las cuotas y el amiguísimo, tal y como lo hizo ya Valentina Batres con la Dirección de Comunicación Social y la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad.
En la fracción XX, artículo 9, sobre las atribuciones y obligaciones del Sistema, el documento de Batres otorga facultades al organismo para suspender la reproducción de contenidos visuales, de audio y audiovisuales que se transmitan a través de cualquier dispositivo de comunicación en el transporte público masivo y colectivo, así como en los espacios públicos, cuando contravengan los principios rectores dispuestos en esta ley.
Esas atribuciones no tienen nada que ver con radiodifusión y dejan en claro que la brújula de Valentina Batres sobre el concepto de medios públicos de radiodifusión está muy norteada. En todo caso, esa regulación le correspondería a la Semovi, por tratarse de transporte público.
¿Acaso el Sistema pretende regular contenidos que se difunde en la publicidad exterior, en el Metro, Metrobús y hasta en autobuses concesionados? Recordemos que en época electoral los partidos políticos y candidatos difunden sus propuestas y plataformas en esos espacios.
¿Será que Valentina Batres quiere que el Sistema tenga atribuciones en ese campo por encima del Instituto Electoral? Surge la pregunta si el Sistema pretende convertirse en un sensor de contenidos más allá de sus alcances.
El nombramiento del director del Sistema correrá a cargo de un Consejo de Administración, pero a propuesta de una terna que le enviará el Congreso de la Ciudad.
A diferencia del Sistema nacional, para ser director del Sistema local se requiere una experiencia mínima de un año y no de cinco, en labores relacionadas con periodismo, comunicación y afines.
Al igual que el organismo federal, en el local hay consejeros ciudadanos, pero en el nacional son nueve y a nivel Ciudad la diputada Batres propone que sean 11.
Sin embargo, la gran diferencia entre ambos es que en lo nacional esos consejeros tienen carácter honorífico, pero a nivel local no, pues Valentina Batres propone pagarles una percepción equivalente a 237 unidades de medida, es decir, alrededor de 20 mil pesos mensuales. Su obligación sería sesionar por lo menos una vez al bimestre.
Al igual que en el caso del titular del Sistema, la propuesta de la legisladora morenista sugiere que esos consejeros tengan una experiencia de un año y no de cinco, como sí se señala en el SPREM.
Los 11 consejeros serán designados por dos terceras partes de los diputados locales, aunque bien sabemos que Morena y sus aliados políticos cuentan con esa mayoría calificada para palomear una lista de aspirantes.
En la propuesta de la diputada Batres hay tareas del Sistema que se sobreponen con obligaciones que ya tienen dependencias del gobierno de la Ciudad como la Secretaría de Cultura, pues la iniciativa plantea que el Sistema local organice, realice y subsidie conciertos, producciones, programas y espectáculos públicos.
El diablo está en los detalles y estos son apenas algunos.
