Alberto Cuenca
En la semana anterior la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum presentó por fin al Congreso de la Ciudad la iniciativa de Ley de Planeación del Desarrollo local.
Casi desapercibida pasó la propuesta de esta ley reglamentaria de la Constitución capitalina, la cual tiene entre sus objetivos centrales fijar las reglas para crear el Instituto de Planeación Democrática, el Plan General de Desarrollo, el Programa de Gobierno, el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad y los de las alcaldías, así como los programas especiales y los de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes.
Pero como siempre ocurre, el diablo está en los detalles y aunque esta iniciativa contiene elementos progresistas, lo cierto es que también hay aspectos de sospecha, como la injerencia que tendrá la iniciativa privada en los órganos colegiados encargados de definir nombramientos y las políticas públicas orientadas a la planeación de largo plazo para la Ciudad.
De saque llama la atención el contenido del artículo 6 de la iniciativa, relacionada con los responsables de la planeación. El documento hace referencia a la administración pública local y las alcaldías, “con la concurrencia participativa y socialmente responsable de los sectores social y privado”, se lee.
El artículo 14 de esta propuesta, que a decir de la misma Claudia Sheinbaum se redactó en coordinación con los diputados locales, plantea la elección del director general del Instituto de Planeación por mayoría calificada de los miembros presentes en el Congreso y no como lo señala la Constitución de la Ciudad, de mayoría calificada del Legislativo, lo que parecería lo mismo pero no lo es.
En el primer supuesto basta con que haya el quórum legal mínimo para sesionar, es decir, 34 legisladores, y que de ellos dos terceras partes voten por la designación de ese funcionario. En el segundo supuesto, el de la Constitución, se requieren forzosamente 44 diputados para votar a favor de ese nombramiento.
Un comité de selección será el encargado de proponer una terna de candidatos al cargo del director del Instituto.
Pero un pequeño gran detalle es que ese comité de selección se conformará por quien determine la jefa de gobierno, a través de una convocatoria a universidades públicas y privadas de mayor reconocimiento en la Ciudad, colegios de profesionistas, institutos de investigación, organismos no gubernamentales y Cámaras relacionadas con las materias de planeación.
Aquí caben los colegios de Ingenieros, de Arquitectos, la Cámara de la Industria de la Construcción y por supuesto la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) que, por cierto, le hizo llegar en marzo pasado a la Jefa de Gobierno su propuesta de Ley de Planeación, para que la mandataria incorporara las propuestas de los empresarios en la iniciativa que Sheinbaum entregó al Congreso local.
A la ADI le funcionó, pues el viernes pasado y durante una conferencia, Sheinbaum reconoció que en su iniciativa incluyó planteamientos de los desarrolladores inmobiliarios.
La mandataria no precisó qué propuestas de la ADI incluyó, pero de la lectura queda claro en qué parte de la iniciativa de la mandataria está la pluma de los desarrolladores.
En el artículo 15, por ejemplo, se habla de la conformación de un directorio técnico del Instituto, el cual será un órgano especializado para la integración, operación y seguimiento del Sistema de Planeación.
Ese directorio técnico se integrará con por lo menos 15 expertos; siete de ellos serán los ciudadanos integrantes de la junta de gobierno, más otro ocho ciudadanos designados por el comité de selección.
En el Instituto de Planeación habrá también un consejo ciudadano y el artículo 17 de la iniciativa señala que estará integrado por 12 personas, tres del sector público, tres más del sector social, una terna del sector privado y una cantidad igual del ámbito académico. Ellos también serán elegidos por el comité de selección, donde los privados buscarán incidir para colocar sus alfiles y poder influir en una planeación que busca perdurar por lo menos 20 años.
