Diana Sánchez Barrios
México no se puede entender sin el comercio popular en el espacio público y las interacciones sociales que de esta actividad se han generado, dando cabida a millones de mexicanos y mexicanas que de manera honrada han decidido afrontar la falta de trabajo con un negocio propio.
Pensar que esta actividad a la que por cierto, recurrimos diariamente en cualquier lugar del país, se ha transformado en una moneda de cambio político sin ningún interés por su regulación y atención pública, es inadmisible. Por ello, se debe poner en el ojo de la comunidad internacional del hemisferio.
Es una actividad que data de siglos anteriores y los comerciantes populares en el espacio público siguen siendo presas de redadas arbitrarias y violaciones graves a sus derechos humanos y laborales que atentan contra otro de sus derechos: el del trabajo. No hablo exclusivamente por México, sino por toda una problemática que se da en varios países de América Latina, donde la criminalización parece que es el principal objetivo de las autoridades.
Será hoy, 26 de junio, cuando asista a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Medellín, Colombia. Ahí, con la voz que represento de mi organización Prodiana AC, y a nombre de la Coalición Economía Inclusiva con Justicia Social, plantearé una serie de recomendaciones, que podrían ser vinculantes, para avanzar en la senda de políticas y leyes en beneficio de los comerciantes de toda la región.
La indiferencia a este fenómeno social ha sido tal, que no existe un solo estudio formal sobre el número de personas que se dedican al comercio popular de manera local y nacional. Ante este panorama, se solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la realización de un diagnóstico situacional en el hemisferio, sobre la precariedad y violencia hacia los trabajadores por cuenta propia, así como de las personas que se auto emplean en el espacio público.
También se pondrá sobre la mesa, la eliminación de los actos y políticas que promueven la criminalización de dicha actividad. También el reconocimiento legal y social de las personas que encuentran una forma de vida como trabajadoras y trabajadores en el espacio público, al tiempo que se garanticen sus derechos y obligaciones, que eventualmente encaminarán a la formalidad.
En América Latina y el Caribe al menos 130 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa al 47.7% de los trabajadores, según la Organización Internacional del Trabajo.
Con esto, se deduce que uno de cada dos trabajadores en Latinoamérica no cuenta con protección social y sin seguro de salud, ni derecho a una jubilación digna.
A nivel nacional, en México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que hasta el último trimestre del 2018, del 1 millón 231 mil 923 personas en el sector informal, 719 mil 472 fueron trabajadores por cuenta propia,y 409 mil 543 del total, se dedicaron al comercio popular en el espacio público.
La gente está saliendo de sus países por falta de oportunidades. Hablamos de éxodos que ahora significan graves crisis en los países que no buscaron nuevas opciones en materia de políticas laborales oportunamente. México lo está viviendo y la alternativa podría comenzar a delinearse desde ahora con estas propuestas que serían vinculantes
En la región se encuentran realidades muy dispares pero con una problemática en común a todos, una población desprotegida y estigmatizada. Podemos ver que países como Perú y ciudades como Nueva York o California, han avanzado en dicha materia con un enfoque que permite la protección y garantía de los derechos de las y los trabajadores en el espacio público.
Estas sugerencias no tienen otro fin que el de promover el desarrollo humano de las personas del continente, buscando alcanzar un sistema democrático más inclusivo y equitativo que permita una mayor justicia social a todos los ciudadanos del continente.
