Lorena Osornio
Focos rojos de crisis y un drástico crecimiento en los síntomas de autoritarismo han predominado esta semana en la agenda pública nacional. Lo primero porque las malas decisiones presidenciales han propiciado la renuncia de otro de los integrantes del gabinete, esta vez el encargado de la hacienda pública, Dr. Carlos Manuel Urzúa, quien a través de una carta que dio a conocer las cusas de su dimisión. El contenido de la carta en realidad no decía nada nuevo, pues acusó la ya tradicional imposición de personas sin las aptitudes necesarias para los puestos enviadas por políticos influyentes del círculo de AMLO, es decir,acusó de nepotismo y conflicto de interés. También evidenció la falta de planeación y de conocimientos en la implementación de las políticas públicasdel presidente.
Como mencioné, los motivos de la renuncia en realidad no nos sorprenden pues una historia similar vimos con la salida del ahora ex director del IMSS, Germán Martínez; sin embargo, cada vez son más preocupantes los señalamientos al interior del propio gobierno que confirman lo que muchos advertimos con antelación: MORENA no solo no representa un cambio, sino que estamos en un proceso de regresión hacia un sistema de partido hegemónico, con un líder dotado de poder ilimitado.
A lo anterior se le suman los vicios de autoritarismo que quieren imponer los morenistas para socavar nuestra democracia. Me refiero a la lamentable y a todas luces ilegal ampliación del periodo del gobernador de Baja California, donde la mayoría de MORENA y gracias a la ayuda de 7 legisladores panistas y 5 priistas, ampliaron el periodo de gobierno del gobernador Jaime Bonilla de 2 años para los que fue electo a 5 años. Con ello, MORENA de nuevo demuestra que la voluntad ciudadana –manifestada en las urnas– no le importa y es capaz de corromper y aliarse con sus peores enemigos como ellos mismos afirma es el PAN y el PRI, con tal de satisfacer su necesidad de vivir del presupuesto. Lo más indignante es que el argumento ocupado para esta aberración legislativa ha sido la austeridad, ya que, en la lógica de los cómplices del gobernador, sale más barato violar la Constitución y nuestra democracia, que convocar a elecciones en dos años, o sea hay dinero para el AMLOFest, pero no para asegurar el principio de sufragio efectivo, así de risible.
Habrá que supervisar que las autoridades jurisdiccionales no legitimen lo que podría ser el precedente ideal para que López Obrador justifique su reelección y la de todos los mercenarios políticos que mantiene en la nómina gubernamental con cargo a nuestros impuestos. Mientras tanto, claro, seguirán apretándonos el cinturón hasta que nuestra única opción sea recibir alguna de las dádivas con las que él y sus aplaudidores creen que resolverán los problemas del país.
Asimismo, será de vital importancia el desarrollo y desenlace de la investigación que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al “AMLOFest” por probables faltas a la normativa electoral. Sí, la misma normativa que los políticos que actualmente forman parte de MORENA avalaron siendo legisladores en otros partidos políticos. A ver con qué maroma salen los morenistas para descalificar al Tribunal.
Estos son grandes ejemplos del por qué los ciudadanos debemos involucrarnos más y dejarles claro a partidos y políticos que no continuaremos sosteniendo un sistema que opera en beneficio de la clase política. A estas alturas, es incomprensible que tanto la Constitución, como las leyes electorales prevean y legitimen el gasto de recursos públicos en el mantenimiento de los partidos políticos, cuando existen necesidades de primer orden que no se pueden garantizar por falta de presupuesto, pero eso sí, MORENA si tiene dinero para sufragar los costos de los vuelos privados de su líder nacional.
