Martín de J. Takagui
Baja California, con su gran Tijuana, es posiblemente la zona fronteriza más importante de México con Estados Unidos, por donde pasan más de la mitad de las mercancías que abriga el Tratado de Libre Comercio, en proceso de Modernización para quedar en T-MEC.
Miles de millones de pesos en mercancías legales cruzan por esa zona y otros tantos en valores de armas y drogas, miles de millones de intereses y miles de negociaciones que deberán hacer los empresarios con el gobierno actual.
Solamente para dimensionar el tamaño del intercambio comercial entre Estados Unidos y México, es de un millón de dólares por minuto, por lo que los gobiernos de los estados fronterizos y los empresarios locales tienen muchas cosas que negociar.
El gobernador electo de Baja California, en su calidad de empresario, de político de muchos años atrás y de futuro gobernador, Jaime Bonilla Valdés sin duda es uno de los más interesados en que la estabilidad de un gobierno y las negociaciones que pueda hacer se consoliden al menos en durante cinco años.
Las relaciones de Bonilla con Xicotencatl Leyva Mortera, último gobernador priista; con Jorge Hank Ron, eterno aspirante a la gubernatura y uno de los más exitosos empresarios de la entidad, así como su trayectoria como maquilador y demás negocios, lo ubican como un gran promotor de desarrollo de negocios que pueden ser en beneficio de los bajacalifornianos.
La ampliación de dos a cinco años del período constitucional que fue aprobada la semana pasada, sin duda despertó grandes sospechas, sobre todo, después de que hubo indiscreciones de los propios legisladores, quienes aseguraban que les habían ofrecido hasta dos millones de dólares por cada voto a favor de la ampliación del periodo.
Se trata de un asunto que, desde antes de los comicios de junio ya se había ventilado en la sala regional y después en el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cuál determinó que el período debía permanecer en dos años.
Hoy sorprendidos, desde el más modesto político bajacaliforniano, hasta el presidente de la República, pasando por los dirigentes de los partidos políticos de las bancadas de diputados locales, se preguntan quién podría estar detrás de ese interés maligno para presionar a los inocentes diputados para que voten.
Pues ni más ni menos que los empresarios, haya habido corrupción o no, haya habido dos millones o muchos más, el Congreso local de Baja California tomó una decisión inconstitucional, que casi fue considerada por el presidente Andrés López Obrador como un pecado mortal, asegurando que se le “caería la cara de vergüenza si” él hubiese autorizado que se aprobara esa reforma en el Congreso.
Se trata de una reforma que ha sido analizada un hecho que ha sido rechazado por el Poder Judicial de la Federación, a través del tribunal electoral, de esta manera el Congreso de Baja California está intentando violar la constitución, debido a que se trata de un asunto que ha sido sentenciado, que ha recorrido las diversas instancias jurisdiccionales y es un asunto cerrado.
Para casos como este, el Poder Judicial de la Federación, debía contar con mecanismos sancionatorios, pues es evidente que, el gobernador electo Jaime Bonilla tiene intereses y mucha influencia en los diputados, pues antes de ser gobernador, como lo hizo su líder moral, Andrés López Obrador, antes de asumir el poder, ya están actuando, dando órdenes e impulsando acciones de gobierno de manera extralegal.
Sin duda el militar en Morena y ser servidor público con un partido como Morena de respaldo, ofrece la posibilidad de actuar extralegalmente, impulsar decisiones al margen de la Constitución y en ello, el Poder Judicial debe estar muy atento, pues los gobernantes en la llamada cuarta transformación, son muy proclives a actuar como les dicte su voluntad personal.
