Ernesto Osorio
@Brosorio
Imagine que vive en un departamento y que su vecino, quien a su vez es el administrador del edificio porque así lo decidió la mayoría, decide celebrar su cumpleaños ocupando el patio de la Unidad; que la luz para conectar sus aparatos electrónicos la tomará del alumbrado que todos pagan; que decide hacer suyos los accesos al Condominio pues sus invitados tienen que estar cómodos y para ello, colocó cubetas para que ningún inquilino se estacione; que el escándalo va a durar hasta las 3 de la mañana aunque usted tenga que levantarse a trabajar al otro día a las 6, que le enjareten la transmisión en circuito cerrado del jolgorio y que encima de todo, todavía lo inviten (casi obliguen) a ir al festejo, o de lo contrario será considerado por sus vecinos como un “apretado fifi” . ¿Le parecería correcto?
Pues eso fue lo que sucedió el pasado lunes en el Zócalo, una plaza que se dice es del pueblo de México pero que ya vimos tiene un dueño y un conserje encargado o encargada solamente de su cuidado y resguardo.
Fue una fiesta de carácter partidista pues se celebró el primer año de la gran victoria electoral de Morena y su dueño, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que se disfrazó de evento institucional del gobierno federal. Y digo se disfrazó pues violando toda normatividad, hubo una instrucción gubernamental para la transmisión en cadena nacional del evento; porque a nivel de la burocracia del Estado se giraron oficios indicando que las labores se suspenderían a causa del festejo y lo peor de todo, que se utilizaron recursos públicos para canalizarlos a una fiesta, que insisto fue de carácter partidista. No fue un informe pues la Constitución es muy clara en su Artículo 69 al establecer que el Presidente debe entregar un informe anual ante el Congreso de la Unión (ya no es obligatorio que vaya) al inicio del periodo ordinario de sesiones que es en septiembre.
Seguramente los “seguidores y fanáticos” del señor Presidente enquistados en las dependencias de gobierno, dirigencias de partido y en curules legislativos saldrán con el argumento de que se trató de un evento oficial pues vivimos ya un nuevo régimen que impulsa a la Cuarta Transformación, pero mientras no se reforme la Carta Magna, las normas son vigentes.
Lo que vimos el lunes fue una violación más a la Constitución y a las normas jurisdiccionales que nos rigen, normas que el Presidente y sus fans juraron respetar y ahora vemos, ignoran y subestiman para imponer su voluntad y su ideología.
Es lamentable que la institucionalidad se haya banalizado a este nivel y que los responsables de conducir el destino de los casi 120 millones de habitantes que somos, se escuden en el respaldo que sólo les dio una cuarta parte de la población: pero más reprobable aún, que para hacerlo ignoren el estado de Derecho
Según el análisis de la organizaciones Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Causa en Común, en los primeros seis meses de su Administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha incurrido en 31 acciones ilegales o de dudosa legalidad y ha impulsado leyes a modo que van en detrimento del Estado de Derecho. No detallaremos aquí cuales han sido pues el estudio se encuentra disponible en nuestra página (www.gacetaciudadana.com), sólo deseo sirva de referencia para sustentar que aquello de “Al margen de la ley, nada y por encima de la ley nadie” es una vacilada,
Pero también busco llamar la atención de los legisladores de todos los partidos y en particular a los de la mayoría oficialista, para que antepongan sus iniciativas de ley y reformas a lo que la ciudadanía realmente espera y no a sus intereses de partido. Y pongo un ejemplo.
En octubre del año pasado denunciamos aquí la tragedia que vivió la familia del joven abogado Sergio Rodríguez y Rodríguez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM quien murió víctima de la imprudencia de un conductor que –alcoholizado– impactó su automóvil contra el del joven estudiante quitándole la vida de manera inmediata. A 9 meses del incidente, el responsable Gonzalo Pérez Morales está libre, sigue su proceso de manera externa y ha vuelto a tomar el volante, pues llega a las audiencias del proceso conduciendo el mismo su automóvil. El juez de la causa, reclasificó el delito y todo apunta a que quedará impune, pues según él, con base en lo que marca la ley, se trató de un acto imprudencial que no tenía como objetivo terminar con la vida del joven estudiante.
Hace unos días, supimos de la tragedia que ahora vive la familia de María Fernanda Álvarez y Alejandro Castro en Jalisco, quienes murieron en su vehículo por culpa del futbolista Joao Maleck quien a toda velocidad y en estado de ebriedad se proyectó contra el auto de la pareja de recién casados. En este caso, el homicida si piso el Reclusorio, pero no tarda en quedar libre para seguir su proceso externamente, pues el juez también reclasificó el delito de homicidio doloso a culposo, igual que pasó con Sergio.
Son dos casos que seguramente se multiplican por miles en juzgados y tribunales y hablamos de otros tantos millares de familias que viven la misma impotencia de no poder recibir justicia por tener leyes deficientes, inacabadas y que dan vía libre a la impunidad. Señores legisladores, en serio, ¡ya pónganse a trabajar, dejen su agenda partidista para los tiempos electorales, la ciudadanía no merece estar en último lugar.
O es que debería pedírselo al señor Presidente? Total, ya vimos que cuando el les dice “rana” de inmediato saltan y sin chistar.
