Alberto Cuenca
En un acto de total arrogancia, diputados locales están dispuestos a pasarse nuevamente por el arco del triunfo los derechos de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de esta Ciudad.
Otra vez las prisas, el desaseo legislativo y hasta por una sospechosa omisión se relegará a un sector que históricamente ha sido excluido de la participación ciudadana.
El pasado jueves los diputados de distintos partidos que integran la Comisión de Planeación se reunieron para destrabar el entuerto provocado por un amparo que representantes de pueblos originarios interpusieron contra el proceso de aprobación de la Ley de Planeación capitalina.
La Constitución local estableció de inicio que esa ley debía estar lista en marzo pasado, pero como ya se ha hecho costumbre nuestro legisladores locales dejaron pasar los meses y ante el vencimiento del plazo legal decidieron modificar los transitorios de la Constitución para darse más tiempo.
El nuevo plazo se vence este 5 de septiembre y para no variar otra vez los legisladores tienen el tiempo encima, pues al menos hasta el pasado fin de semana ni siquiera tenían un proyecto de dictamen.
Además, a nuestros representantes populares los agarraron con los dedos en la puerta, por el juicio de amparo 979/2019 que interpusieron representantes de pueblos contra la convocatoria que emitió el Congreso de la Ciudad para presentar comentarios, propuestas y observaciones respecto a las iniciativas de Ley de Planeación.
Los inconformes alegan que en esa convocatoria no se estableció un mecanismo especial para asegurar el derecho a la consulta de los pueblos y barrios originarios, con lo que se violan el artículo 2 constitucional, tratados como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 59 de la Constitución capitalina.
Este último artículo señal de forma precisa que esa población deberá ser consultada por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Legislativo y las alcaldías antes de tomar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles para salvaguardar sus derechos.
Bueno, pues los diputados locales no piensan hacer nada de eso. El jueves pasado en esa reunión de la Comisión de Planeación los legisladores -particularmente los de Morena-, dejaron ver que no tiene la intención de llevar a cabo ninguna consulta, porque además ya no tienen tiempo.
Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, consideró que el amparo no procederá debido a que la Ley de Planeación no ha sido aprobada en el Pleno y entonces el recurso jurídico se quedará sin materia. Así, sugirió a sus pares que continúen sin preocupaciones con el proceso de dictaminación.
Lo secundó la también morenista Guadalupe Chavira, presidenta de la Comisión de Administración Pública, quien dijo que en el Legislativo local ya hubo un proceso de consulta por Internet respecto a la Ley de Planeación, además de que se realizaron distintos foros y hasta un análisis con la Comisión de Derechos Humanos local, con la intención de escuchar a todas las voces
Pero Chavira fue más allá en sus aseveraciones, pues en una entrevista con reporteros se atrevió a declarar que la Ley de Planeación, al ser una norma constitucional, no debe pasar por el requisito de una consulta.
Dijo que la Constitución sólo obliga al Congreso local a hacer consultas sobre leyes secundarias, no sobre leyes constitucionales.
Con su ocurrente argumento se le olvida a la diputada Chavira que la propia Constitución de la Ciudad fue sometida a un proceso de consulta entre pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
Aquella consulta corrió a cargo de la Asamblea Constituyente y se realizó entre diciembre de 2016 y enero de 2017. Fue un proceso complicado y laborioso que inició Mardonio Carballo y que luego continuó Jesús Ramírez Cuevas, sí, el hoy vocero del presidente López Obrador.
Aquella consulta que realizaron los diputados constituyentes fue obligatoria, porque se corría el riesgo de que, con un amparo, los pueblos originarios pudieran echar abajo la naciente Carta Magna capitalina, algo que con chabacanos argumentos como el de Guadalupe Chavira parece no importarle a los actuales legisladores. Eso es arrogancia.
