Alejandro Encinas, expresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, enviará dos documentos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidiendo que reconozca a este órgano la personalidad jurídica para defender la Constitución, y que se anulen las notificaciones que la Corte envió a la ALDF y al gobierno capitalino para responder a las impugnaciones que hicieron las dependencias federales contra el texto.
En entrevista con Excélsior, Encinas expuso: “Vamos a enviar dos documentos: un recurso de reclamación en la acción de inconstitucionalidad, para que seamos nosotros –los integrantes del Constituyente– la autoridad competente en esta materia y un segundo documento, de Incidente de Nulidad de Notificación, en el que solicitaremos que se anulen las dos notificaciones que la Corte hizo al gobierno de la ciudad y a la ALDF para defender la Constitución”.
Expresó que entregarán los documentos a la SCJN antes de que venza el plazo de 15 días hábiles (31 de marzo) que la SCJN les dio a la ALDF y al GDF para responder a las impugnaciones de la PGR y CNDH.
Los constituyentes de diversos partidos incluidos PRD, Morena, PAN y ocho del PRI “coinciden en que la autoridad competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad es el Constituyente”, dijo Encinas.
Expuso que él, como presidente de la Mesa Directiva, es el único que detenta la personalidad jurídica de la Asamblea Constituyente, y podría actuar por iniciativa, de oficio.
“Estoy tratando de construir el consenso más amplio para que no sea sólo la Mesa Directiva, sino la mayoría de los diputados que nos acompañen en el requerimiento y se nos reconozca como autoridad competente”.
Encinas reviró a los dichos del ministro de la SCJN, Javier Láinez, quien afirma que el gobierno capitalino fue la autoridad promulgante, “pero el GDF no promulgó la Constitución, sólo la publicó al igual que el Ejecutivo federal, y si hubiera similitud entre ambos, el mismo Ejecutivo federal sería la autoridad responsable”.
Insistió en que la autoridad competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad contra el texto local es la Asamblea Constituyente: “Si bien nosotros concluimos la redacción de la Constitución, somos responsables de los actos que de ella deriven, de allí que la responsabilidad radica en nosotros”.
La PGR impugnó todos los artículos de la Constitución de la Ciudad de México con el argumento de que los constituyentes no cumplieron con procedimientos legislativos, además impugnó la revocación de mandato, la creación de una Sala Constitucional y que el procurador de la capital del país ya no será designado por el jefe de Gobierno, sino por un consejo ciudadano y ratificado por el Congreso de la Ciudad.
Fuente: Excélsior / Foto: Mateo Reyes/Archivo Excélsior.
