Por Pablo Trejo
No queda del todo claro si la voluntad de los norteamericanos, encabezados por el presidente Trump, sea firmar a la brevedad la nueva versión del Tratado de Libre Comercio con nuestro país y Canadá, o si de plano han echado a andar una estrategia para dilatar la firma unos días, lo que tendría implicaciones políticas de la mayor relevancia.
La negociación tiene fechas límites establecidas desde hace tiempo, las cuales señalan que si a más tardar el día 1 de septiembre no ha sido firmado un acuerdo entre los tres países que integran la región norte del continente, la esfera de responsabilidad política se trasladaría de manera directa hacia Andrés Manuel López Obrador, quien contará con el respaldo mayoritario de la próxima legislatura en ambas cámaras mexicanas.
Hasta mediados de la semana pasada, todo indicaba que tendríamos humo blanco a más tardar el viernes o sábado, ya que se habían alcanzado acuerdos sustanciales en lo que respecta a las partes más complicadas, como las reglas de origen, los mecanismos de solución de controversias y la aplicación de la ‘Cláusula Sunset’, que pondría el Tratado a revisión y, en su caso, ratificación cada cinco años.
Sin embargo, súbitamente volvió a aparecer el fantasma de la industria automotriz y las famosas reglas de origen, y es que hasta las últimas rondas de negociaciones se había acordado que en caso de que cierto porcentaje de las piezas que conforman un automóvil ensamblado en nuestro país no fueran de origen estadounidense, nuestros vecinos castigarían la importación de esos vehículos con un arancel del 2.5% del valor de la unidad.
Hasta ahí el tema parecía salvable, incluso la posibilidad de evadir el cumplimiento de la regla y aceptar la multa del arancel parecía aceptable para la industria automotriz mexicana, pero como por arte de magia, repentinamente, los Estados Unidos pusieron sobre la mesa la posibilidad de imponer un arancel diferenciado de hasta un 25% para aquellas plantas nuevas que se instalen en nuestro país. Es decir, que en los hechos se estaría limitando la expansión futura de la industria automotriz mexicana.
Lo que genera suspicacias es que, hasta ahora, esas demandas no habían sido puestas sobre la mesa, lo que podría obedecer a dos lógicas y estrategias de negociación: una, que apuntaría a explotar la debilidad política en la que se encuentra la actual administración mexicana, que bajo nuestra lógica de usos y costumbres políticas pierde fuerza en el trecho final de la administración, y que podría intercambiar ese tipo de concesiones a cambio de que la firma estampada fuera la del actual presidente; y la otra lógica, que tendría que ver con una decisión política de los Estados Unidos, de trasladar el cierre de negociaciones de la esfera de Peña Nieto a la esfera de Andrés Manuel López Obrador, por lo que esa propuesta de último minuto tan solo sería un pretexto para poner en pausa las negociaciones.
Si bien es cierto que la importancia del Tratado va mucho más allá de quien sea el mandatario mexicanos que firme, la realidad es que la trascendencia del acuerdo es lo suficientemente importante para nuestras administraciones saliente y entrante. En ese sentido, debemos enmarcar los recientes piropos lanzados desde la Casa Blanca al futuro mandatario mexicano, acompañadas de la descalificación evidente hacia nuestro presidente saliente, a quien Trump se refirió como “el capitalista”.
Es evidente que el actor más débil en esta puesta en escena es Enrique Peña Nieto, quien se convertirá tan solo en un observador maniatado en la parte final de la negociación. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador se encuentra en una cómoda posición, atestiguando desde su palco VIP cómo la estrategia de Trump lo fortalece minuto a minuto, y quien lleva las de ganar es el presidente norteamericano, a quien terminará funcionándole su estrategia de ganar o ganar, aunque para ello haya sido necesario traicionar el apoyo que le brindó Peña Nieto al recibirlo en campaña en Los Pinos, en la que tal vez fue la peor inversión de su sexenio.
