Alberto Cuenca
Uno de los principales ejes del gobierno de Claudia Sheinbaum, anunciado por ella misma, desde la campaña, es el combate a la corrupción.
El mismo día de su toma de protesta, la jefa de Gobierno anunció que solicitaría a las cámaras empresariales la formación de comisiones de honestidad, las cuales podrán enviar a la Jefatura de Gobierno todos los casos de corrupción de los que los empresarios sean objeto, por clausuras o extorsión de parte de la autoridad, cometidos por funcionarios de alcaldías o del gobierno central.
A su vez la jefa de Gobierno remitirá todos esos casos directamente al Sistema Local Anticorrupción.
El día de su toma de protesta se comprometió a reunirse cada mes con las cámaras empresariales, para darle seguimiento a los casos de corrupción denunciados y llevados al Sistema.
Ese 5 de diciembre aseguró que se ha aprobado en el Congreso local una nueva iniciativa del Sistema Anticorrupción, que termina con el reparto de cuotas de grupos y se han enviado las modificaciones para hacer de la corrupción y compra del voto delitos graves en la Ciudad de México.
Al día siguiente Sheinbaum se reunió con el llamado Grupo de los Nueve (G9), integrado por representantes de la Canacintra, Coparmex, Canaco, la Asociación de Hoteles y Moteles, la ANTAD, la Canirac, Desarrolladores Inmobiliarios, la Canacope y la Canadevi. La mandataria pidió a los empresarios crear las comisiones de honestidad.
Sin embargo, lo que la jefa de Gobierno no dijo es que el Sistema Local Anticorrupción no se ha creado, a pesar de que existe el marco normativo para ello.
Así que la pregunta obvia es ¿a dónde enviará Sheinbaum las denuncias de corrupción que hagan los empresarios si no hay quien las reciba y procese?
Para operar, el Sistema, contará con un Comité Coordinador, conformado por quien sea titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del titular del Tribunal de Justicia Administrativa; del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información; del Consejo de Evaluación, del órgano de control interno del Congreso de la Ciudad, del secretario de la Contraloría, así como un representante del Consejo de la Judicatura capitalino y otro más del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá.
Por ahora no existe todavía el Comité de Participación Ciudadana, no se ha creado aún la Fiscalía Especializada, el Congreso no ha nombrado un contralor interno, el Instituto de Transparencia todavía no tiene Pleno y los diputados tuvieron que aplazar los tiempos fijados por ellos mismos -el 11 de diciembre- para nombrar a los cuatro comisionados que faltan, mientras que apenas lograron un acuerdo para designar al nuevo secretario de la Contraloría.
En octubre, Sheinbaum entregó a los legisladores un paquete de propuestas de reforma a ocho de las 11 leyes que integran el Sistema Local. De ellas, los diputados han aprobado modificaciones a la Ley de Fiscalización, a la Ley de Auditoría y a la Ley de Transparencia. La de Auditoría resultó ser la más polémica, pues le quitó al Legislativo local la facultad de nombrar a más de 100 contralores internos de los entes públicos; esa atribución se le asignó a quien ocupará el cargo de secretario de la Contraloría.
La mandataria no ha dado luz sobre la forma en la que iniciará la operación del Sistema o del presupuesto que destinará para ello a partir de 2019; ni el Congreso ha avanzado en el proceso para designar al Comité de Participación Ciudadana y al secretario técnico del Sistema.
No hay visos de que se integre el Comité de Participación ni que se elija al secretario técnico. El periodo de sesiones concluye el 31 de diciembre y en los días que restan al año los diputados se enfrascarán en la discusión del Presupuesto de Egresos 2019. Lo que se diga en ese tiempo, serán verdades a medias.
