La Constitución de la CDMX como dice una cosa dice otra

 

12 de octubre de 2017

Por La Mafia del Poder

Al jefe de Gobierno le place muchísimo comentar, cada que tiene oportunidad, que la Constitución que entrará en vigor en la ciudad en septiembre de 2018 es un ejemplo de vanguardia y progreso.

Y en su faceta de intransigente, porque ya se lo han dicho prácticamente por todas partes y desde diferentes foros y tonos, no quiere reconocer que la Constitución CDMX es un engendro deforme.

Se han promovido cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de los partidos Nueva Alianza y de Morena.

A éstas se suman las tres controversias constitucionales del ejecutivo federal, el Senado y el Poder Judicial local.

Ahora se agrega un detallado análisis que hicieron tres abogados expertos en derecho constitucional, miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y a la pobre Constitución promovida por Mancera y su consejero jurídico, Manuel Granados, no le fue nada bien, de hecho, le fue muy mal.

Convocados por el Instituto Early, Marcos del Rosario Rodríguez, José Miguel Madero Estrada y Francisco Vázquez  Gómez concluyeron que la Constitución CDMX es un documento de difícil comprensión y de peor aplicación práctica para cualquier ciudadano.

En términos llanos, lo que sacó la Asamblea Constituyente es una tomada de pelo, un catálogo pretencioso de supuestos derechos de avanzada que termina por caer en la ambigüedad total.

No hay estructura jurídica, institucional ni presupuesto suficiente para los derechos que enuncia y gran parte del texto cae en la retórica, en decir, qué se pretende hacer pero no cómo se hará.

Este grupo de expertos no se explican cómo fue posible que la ciudad capital del país haya presentado una Constitución que, de entrada, incluye normas que invade y/o se contraponen a la competencia de las autoridades federales, pero vayamos a los ejemplos que presentaron los abogados:

La Constitución de la Ciudad es limitante. En su artículo 7 reconoce el derecho al secreto profesional a periodistas, pero deja fuera de ello a otros profesionales que requieren de lo mismo, como médicos, abogados y psicólogos, por citar algunos.

Es ambigua. En su artículo 4 prohíbe toda forma de discriminación formal o de facto por preferencias sexuales u orientaciones sexuales.

De acuerdo con esta redacción cabría la posibilidad, bajo el pretexto de máxima protección de “las preferencias  y orientaciones sexuales”, que se exija el respeto de la preferencia sexual de los pedófilos.

Una más, en su artículo 6 reconoce todas las estructuras manifestaciones y formas de comunidad familiar, lo que dejaría abierta la posibilidad de reconocer la poligamia como un derecho, y donde, según los datos aportados por los expertos, el 95 por ciento de las relaciones poligámicas están formadas por un hombre y varias mujeres, por lo que vulneraría los derechos de las últimas.

Estos son apenas unos ejemplos de lo que encontraron en el análisis de la Constitución de la Ciudad, a parte están los temas que están en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Qué queda por hacer. Aparentemente poco, consideran los abogados, pero que puede significar mucho: que los capitalinos se enteren y demanden los cambios necesarios e indispensables para que sus derechos no queden vulnerados, y que la retórica frase “decidiendo juntos” la conviertan los ciudadanos en una exigencia y la base fundamental para el ejercicio del poder.

*El Irreverente publica de lunes a viernes.


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