Alejandro Zúñiga
La agresión al grupo de estudiantes de la UNAM, quienes se manifestaban en forma pacífica el lunes de la semana pasada frente a la Rectoría, provocó una solidaridad unánime de la comunidad universitaria y una condena social generalizada.
Al día siguiente, más de 30 planteles, entre escuelas, preparatorias y facultades, pararon actividades y 30 mil estudiantes marcharon en forma pacífica y ordenada de la Facultad de Ciencias Políticas a la Rectoría, para exigir justicia y la expulsión definitiva de los porros de la UNAM.
No es para menos, fue en el corazón de CU donde los vándalos casi matan a dos alumnos, cuyo único pecado era manifestarse de manera pacífica para exigir mejoras a la academia. La gravedad de las heridas comprometió la vida de dos estudiantes. Una decena más de alumnos fue golpeada por los criminales.
Por fortuna, sólo por eso, no hubo decesos que lamentar, pero por la violencia extrema de los agresores y la omisión de la autoridad las consecuencias pudieron ser letales. Por eso conviene preguntarnos: ¿Cuál sería la imagen de la UNAM hoy en el mundo si los jóvenes heridos hubieran fallecido? ¿Dónde estaría la comunidad universitaria si el puñal del agresor hubiera perforado irreversiblemente el riñón de Joel? ¿Cuánto se hubiera dañado la actividad académica en la UNAM?
Al Estado y a la autoridad de la UNAM les tiene que quedar claro que son los responsables directos de la seguridad de la comunidad universitaria, y que una pérdida humana por omisión, negligencia o corrupción, provocaría daños incalculables a la institución educativa más prestigiosa del país, cuna académica de los tres premios Nobel mexicanos.
Los videos son prueba contundente de que se trató de una acción concertada, deliberada y dolosa. Los agresores actuaron con las tres agravantes de la ley: premeditación, alevosía y ventaja. Por eso los universitarios, con el respaldo de la sociedad, estamos exigiendo una investigación puntual, exhaustiva y transparente de los hechos.
La única forma de despolitizar este pasaje lamentable en la UNAM es con la aplicación de la justicia y el castigo a los autores intelectuales y materiales de la barbarie. Todos queremos saber por qué el autobús que trasladó a los agresores circuló en el segundo piso de Periférico, donde está prohibido. Por qué se estacionó en CU sin problema en hora pico.
Por qué los elementos de “seguridad UNAM” actuaron más como protectores de los agresores que como defensores de las estudiantes. Por qué fueron detenidos por la policía judicial dos supuestos involucrados y horas después liberados por la PGJ local. Qué protocolos instrumentará la autoridad universitaria para proteger a su comunidad y cómo va a erradicar el porrismo de la UNAM.
El Estado, traducido en la autoridad federal, local y universitaria, le está quedando chico a la grandeza de la Máxima Casa de Estudios. Si de algo estamos hartos los mexicanos es de la impunidad. Por eso la demanda urgente de respuestas y acciones concretas.
El rector Enrique Graue tiene que asumir, hasta sus últimas consecuencias, que es el defensor número uno del lema “Por mi raza hablará el espíritu”. Sería muy triste que, justo 50 años después del funesto 1968, vuelva a triunfar la impunidad en la UNAM.
