La diputada Paula Soto Maldonado presentó una iniciativa ante el pleno del Congreso local para eliminar del Código Penal de la ciudad las “razones de género” dentro del tipo penal de feminicidio, de modo que la muerte de toda mujer o niña se investigue bajo el supuesto del feminicidio desde el momento en que se tenga conocimiento del caso.
La parlamentaria de MORENA agregó que esta propuesta busca no sólo disminuir la sobre legislación que entorpece el acceso a la justicia para todas las mujeres, que pide al Poder Judicial que se comprueben las razones de género, sino también, y en específico, para que esa no sea una excusa que impida o limite la investigación del homicidio con perspectiva de género, “que por actos brutales ha arrebatado la vida de miles de mujeres en esta ciudad y que de manera constante ha quedado impune”, argumentó.
Durante su exposición, afirmó que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios en la Ciudad de México no se investigan con perspectiva de género las muertes violentas de las mujeres, además de que se les estigmatiza y culpabiliza.
“El Observatorio concluyó que no se han realizado de manera adecuada los peritajes en materia criminalística y de medicina forense. El patrón es la omisión y la impunidad del sistema de procuración de justicia”, expuso Soto Maldonado.
Cuando el delito fue tipificado en 2011 se presentaron varios supuestos que debían cumplirse para acreditar el feminicidio. No obstante, en la procuraduría local no todos los casos se investigan como feminicidios, a pesar de que los protocolos y los criterios de la Suprema Corte de Justicia así lo establecen.
“De nada sirve tener el delito reconocido en la ley, si no se usa. La investigación con enfoque de género es algo que no se respeta”.
Esta iniciativa, a la que se sumaron los grupos parlamentarios de MORENA y del Partido del Trabajo, fue turnada a las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y a la de Igualdad de Género.
Reformas para que el Congreso pueda solicitar la Alerta de Género en la CDMX
La Alerta de Violencia de Género está considerada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que en su artículo uno menciona que tendrá por objeto establecer la coordinación entre la Federación y las entidades para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la CDMX establece que las autoridades podrán “emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México”.
Por ello, la diputada Sandra Vaca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó la iniciativa con proyecto de decreto para que el Congreso de la Ciudad de México también esté facultado para solicitar a la Secretaría de Gobierno que emita la Alerta de Violencia de Género.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y a la de Igualdad de Género, para que se proceda a su análisis y dictaminación.
Piden reformas para garantizar representación ciudadana en el Consejo de Prevención Social del Delito
La diputada Ana Patricia Báez Guerrero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa de ley para garantizar la representación ciudadana permanente en el Consejo de la Ley de Prevención Social del Delito, instancia oficial con facultades para elaborar las estrategias para prevenir socialmente el delito.
La propuesta de esta iniciativa es que se garantice la representación permanente de los ciudadanos, que éstos puedan asistir periódicamente a las reuniones del Consejo hasta por tres años y que la sociedad civil puede hacer sus propuestas mediante convocatoria abierta, misma que deberá elaborar y emitir el Consejo.
Durante su exposición, la legisladora planteó que es necesario avanzar en un esquema nuevo para prevenir el delito y que se promueva la participación de actores que puedan aportar puntos de vista distintos al de las autoridades.
“Es necesario fomentar una vinculación de los esfuerzos de la sociedad civil con el Estado, que se descentralicen las decisiones y se democraticen las acciones de prevención del delito en las comunidades”, planteó.
Báez Guerrero afirmó que las políticas de seguridad ciudadana requieren para su ejecución de la visión de especialistas independientes que de manera permanente participen en los trabajos del Consejo y que asuman un papel de vigilante externo a la visión estatal de la seguridad.
Esta iniciativa fue turnada para su análisis y discusión a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
