En el marco de la Glosa del Sexto y último Informe del Jefe de Gobierno, los legisladores que integran la Comisión de Administración Pública Local cuestionaron a Guillermo Orozco Loreto, secretario de Gobierno, temas que preocupan a la sociedad en materia de seguridad, derechos humanos, violencia contra las mujeres y asuntos relacionados con el comercio informal, el sistema penitenciario y el sismo del 19 de septiembre de 2017, entre otros.
Al dar la bienvenida, la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, presidenta de la Comisión de Administración Pública, pidió al secretario datos “tangibles y medibles”, ya que, al revisar en el informe de las acciones interinstitucionales del gobierno, la relación con las organizaciones civiles y la atención social, no se encontró suficiente información.
“La gobernanza hoy en la ciudad es frágil, es incierta y requiere de datos duros para que se construyan políticas públicas que den certidumbre.”
María Guadalupe Chavira de la Rosa, presidenta de la Comisión de Administración Pública.
La diputada reconoció que tienen un reto importante en materia de violencia política y de género, por lo que se tiene contemplada la implementación de una “Alerta Morada”, proyecto que contempla el uso de una aplicación en el celular o un brazalete que, al detectar una agresión, mandará una alerta a las instancias encargadas de brindar auxilio.
Además, solicitó diversas mesas de trabajo con esta dependencia para abordar temas como: las invasiones a suelos de conservación, la regulación del ingreso de transporte de carga en la capital y, en colaboración con el Secretario de Protección Civil, revisar el funcionamiento de las alertas sísmicas.
En su exposición, Guillermo Orozco destacó que colocar a las personas en el centro de las decisiones se traduce en un ejercicio de gobierno abierto, ya que una política incluyente se basa en el diálogo y la cooperación de todos los actores involucrados.
Al referirse al sismo de 2017, dijo que la dependencia participó en la instalación y coordinación del comité de emergencias, el cual ha sesionado permanentemente para establecer acciones estratégicas y operativas.
Los trabajos, detalló, se han centrado en la revisión de mil 154 inmuebles dictaminados, de los cuales 244 son de alto riesgo de colapso, 390 de alto riesgo y 367 de riesgo medio. De ellos, 748 dictámenes se turnaron a través de esta Secretaría de Gobierno a las Alcaldías.
“Derivado de esto último se implementó el Programa Emergente de Apoyo para Renta, mismo que está destinado a la población cuya vivienda sufrió daños estructurales. A la fecha se tiene un padrón de 8 mil 500 jefes de familia que reciben esta ayuda de renta de 4 mil pesos durante 5 meses”, acotó.
Por otra parte, dio a conocer que la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas del Distrito Federal se creó en junio de 2014, con el fin de proteger, atender y asistir a las víctimas de estos delitos, y en el marco de esta Comisión se generó el protocolo para la detección, primeros auxilios, búsqueda y rescate.
“La implementación del protocolo ha dado como resultado 82 personas rescatadas, 50 personas vinculadas a proceso y 116 operativos realizados.”
Guillermo Orozco Loreto, secretario de Gobierno.
Del Sistema Penitenciario, afirmó que se ha basado en dos principios rectores alineados a la Constitución Local: mejores condiciones y derecho al porvenir, los cuales se ejercen de manera transversal, con respeto a los derechos humanos.
Bajo estos preceptos se han establecido programas que potencializan las habilidades de las personas privadas de la libertad, entre los que destaca la atención a personas con discapacidad y adultos mayores por nombrar algunos.
Respecto de las acciones que se han llevado a cabo a partir de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno comentó que se creó una Comisión en la que participan representantes del gobierno electo y del gobierno saliente.
Este proceso ha avanzado exitosamente y a la fecha cuenta con un avance del 96 por ciento de la entrega de formatos oficiales relativos al informe de gestión, así como de asuntos relevantes y en trámite; así como un avance de 93 por ciento de atención a los temas de interés acordados entre ambas Comisiones.
La diputada del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, afirmó que la ciudad vive un proceso de transformación, cuyo eje fundamental es convertirla en un espacio ejemplar de protección de derechos humanos.
Por lo anterior, destacó la importancia de que la Secretaría genere las condiciones óptimas del Sistema Penitenciario y de los espacios de reclusión, así como garantizar a los reclusos su correcta reinserción social.
A nombre del PAN, América Rangel Lorenzana destacó las acciones de la dependencia en materia de protección a los derechos humanos, la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los consejos de los pueblos y barrios originarios, así como la labor realizada por la Secretaría por el sismo del 19 de septiembre de 2018.
Al referirse a las transformaciones del Centro Histórico, solicitó al funcionario información referente al número de comerciantes empadronados y cuántos de ellos no son residentes de la Ciudad de México.
La diputada de Morena, Paula Soto Maldonado aseguró que el informe presentado no cuenta con información suficiente respecto de temas metropolitanos, derechos humanos y sistema penitenciario; cuestionó además los resultados que tuvo el Consejo en materia de actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.
En temas del sistema penitenciario, la legisladora indicó que de acuerdo con cifras oficiales, la entidad se encuentra entre las 10 que constantemente han registrado sobrepoblación y altos niveles de tortura entre la población interna, así como el mayor número de víctimas de corrupción.
Al hacer uso de su derecho de réplica, el legislador de MORENA, Alberto Martínez Urincho coincidió respecto de que el informe presentado no contiene la información suficiente, por lo que lamentó la falta de coordinación interinstitucional para poder atender a los damnificados por el sismo.
Durante la ronda de respuestas, el Secretario de Gobierno informó que la sobrepoblación en los centros penitenciarios va en descenso, a partir de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, ya que en 2012 existían 41 mil 610 personas detenidas y para diciembre de 2017 disminuyó a 27 mil 716. En octubre de 2018, se tienen contabilizadas 26 mil 497 personas privadas de su libertad.
Aseguró que las recomendaciones externas en materia de derechos humanos para los centros penitenciarios son una ventana de oportunidad que permite ubicar dónde hay fallas y realizar mejoras. En lo que respecta a los suicidios de reclusos, expresó que se han reducido en los últimos dos años, pero es necesario aspirar a que no exista ningún caso.
En cuanto a la violencia de género y los feminicidios, externó que se ha hecho un esfuerzo para atender las recomendaciones de la alerta de género y dar seguimiento a los procesos de investigación de asesinatos de mujeres; se instalaron 13 mesas de trabajo para revisar igual de número de casos en los que se han identificado deficiencias en la atención y los cuales servirán para implementar nuevos protocolos de atención en la investigación y procuración de justicia de éstos.
