Lorena Osornio
El jueves 25 de abril, la Cámara de Diputados hizo historia, lamentablemente no para bien ya que la LXIV Legislatura aprobó una mal llamada “reforma educativa” que de educativa no tiene nada y será recordada como aquella que pisoteó la oportunidad de millones de niñas y niños de contar con una educación de calidad.
Con la complicidad de partidos oportunistas como el PRI, MC, PT, PES, PT, PVEM y el PRD se aprobaron modificaciones constitucionales cuyo objetivo es eliminar la obligación de que quienes impartan clases estén bien preparados y sean los más aptos para ello. Lo anterior es una prueba irrefutable de que lo que le interesa a AMLO son sus compromisos políticos aunque éstos vayan en contra de principios generales como el interés superior de los menores, su derecho a una educación de calidad y la imparcialidad para la expedición de leyes y decretos.
Cualquier ley es perfectible, desde luego, pero hay una gran diferencia entre el perfeccionamiento de una norma y su desmantelamiento. Lo que hicieron los diputados fue sentenciar a un sector de actuales y futuros alumnos de educación básica a continuar teniendo profesores que pasan más tiempo en marchas y plantones que dando clases; a asegurar el pase automático a las aulas de algunos normalistas aunque no necesariamente tengan el mejor perfil para ello, a que reciban clases de inglés de profesores que no hablan inglés, en fin, a recibir una educación deficiente cuando ya se contaba con una base para progresivamente ir mejorando la calidad y el profesionalismo de los docentes.
Es un hecho que hay maestras y maestros con vocación y que pese a los bajos sueldos, las limitaciones de infraestructura y lo complejo de atender aulas sobrepobladas, cada día dan lo mejor de sí y hacen un esfuerzo extra por educar a nuestros niños. A ellos mi más sincero reconocimiento.
Es también debido a la existencia de esos profesores que hacen méritos por su gremio, que resulta injusto el hecho de mantener en la nómina –que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos– a profesores que no hacen el mínimo esfuerzo por progresar profesionalmente y que además cuenten posibilidades de asenso bajo parámetros inciertos, laxos y sin rigor. Todo por un interés 100% político.
Fue indignante ver a Mario Delgado dando explicaciones de cómo la reforma no iba a aprobarse sin el consentimiento de la CNTE, pero jamás atendió lo que por mandato constitucional debió hacer, que es consultar a los niños su opinión sobre una reforma que iba a impactar profundamente en su formación. Al respecto, comparto los siguientes datos obtenidos de la CNDH:
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas prevé en su artículo 3, párrafo primero que “… en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Nuestro país ratificó este instrumento en 1990 y en el año 2011 integró el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunado a lo anterior, según señala la CNDH, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias relativas a este principio destacando las 2006011, 20009010 y la tesis número 2008546. En términos generales señalan que debe considerarse la opinión de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que les afecte. Al parecer los Diputados legislaron menospreciando nuestro orden jurídico y más aún a las y los niños. Esto se suma al cierre de muchas instancias infantiles en donde se les garantizaba a los niños el ser atendidos por personal capacitado.
Ahora tocará al Senado avalar esta afrenta contra nuestros niños, pero corresponde a nosotros como ciudadanos comenzar a exigir que se gobierne para nosotros y no solo para los aliados políticos del presidente.
