Jorge Alberto Lara
Durante su trayectoria política, tanto como líder opositor y como gobernante, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha ocultado su desprecio por el derecho y las instituciones públicas. Una de las frases pronunciadas por él que mayor resonancia ha tenido ha sido precisamente aquella en la que mandaba al diablo a las instituciones. Otra muestra de cómo concibe al derecho se manifestó con el desacato de una resolución de amparo cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tema que llevó al país a un estado de crispación y que él pretendió capitalizar para recuperarse de la crisis de imagen por los llamados video escándalos.
El gambito de la victimización le funcionó y tal parece que esa actitud de jugar pisando la raya de la cancha es en la que se siente más cómodo.
En su largo andar como candidato de tres elecciones presidenciales afinó su discurso antisistema, forzó reformas electorales para que las reglas del juego se ajustaran a su interés como se hizo cuando se prohibieron las campañas negras. Lo anterior le generó un monopolio de la diatriba: el único autorizado entonces para atacar a todo y a todos fue él.
Ya como presidente de la República, López Obrador no ha variado el tono y el fondo. Según su visión, todo lo hecho antes de su llegada al gobierno no sirve.
Su ámbito natural de desempeño es el desapego al derecho: propone una constitución moral, se proclama juarista pero toma decisiones contrarias al laicismo, desconoce la importancia de respetar los derechos humanos, tiende a derruir el entramado institucional, sobre todo aquel que significa autonomía, transparencia y contrapesos.
Ese afán demoledor lo ha llevado a generar ocurrencias muy costosas como incendiar pozos petroleros, llamar al no pago por el servicio de energía eléctrica, no acatar el horario de verano, cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto, amenazar con cancelar la reforma energética y más recientemente a realizar una consulta inconstitucional para cancelar el metrobús para la región de la Laguna.
Tales acciones han significado recientemente el castigo de las calificadoras y los inversionistas. La certidumbre y la seguridad jurídica están siendo vulneradas por el titular del Poder Ejecutivo. Quizá en lo que va de estos meses la situación financiera del país -producto de cuatro gobiernos que se han aplicado a un manejo razonable de la hacienda pública – le ha permitido al presidente contar con margen de maniobra. Sin embargo, ese margen no es eterno y se está acabando.
El presidente y su equipo deben empezar por reconocer que los mercados y tanto los empresarios nacionales como extranjeros buscan un contexto de certidumbre y de respeto al estado de derecho: justo lo que ya se evapora en México.
Si bien nuestras leyes son imperfectas y existe un grave problema de desigualdad, lo cierto es que no será derruyendo el orden establecido como el país avanzará.
Las experiencias sucedidas en otros países que han abrazado procesos de involución institucional deberían ser útiles para entender que la justicia social no está reñida con el orden y la seguridad.
Por su parte el PAN, otros partidos de oposición y la sociedad civil están obligados a seguir apostándose en favor de las instituciones y el respeto por la norma. Ante la escasez de certidumbre, es indispensable redoblar esfuerzos, discurso y acciones eficaces para que el país no encalle, en un mar de ocurrencias y palabrería.
