El Congreso de la Ciudad de México recibió las iniciativas con proyecto de decreto para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal y para expedir la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
De acuerdo con las propuestas enviadas por Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la capital, las modificaciones al Código Penal prevén un endurecimiento de las penas por reincidencia, por agresiones y homicidio, en caso de que sea cometido por integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana.
También prevén aumentar las sanciones para los delitos de feminicidio, extorsión y el robo en sus diversas modalidades, destacadamente el de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos.
Las iniciativas buscan atender las principales causas de la inseguridad, así como alinearse a la Carta Magna y a la Constitución Política de la Ciudad de México, expresó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobierno capitalina, al diputado Jesús Martín del Campo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.
La funcionaria, quien acudió en representación de Sheiunbam Pardo, destacó que la nueva ley y las reformas al Código Penal pretenden “reducir la violencia” en la ciudad e incrementar las penalidades en torno a “aquellos delitos que afectan al ciudadano, a la mayoría de los ciudadanos”.
La iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana prevé la creación de un Gabinete de Seguridad en el gobierno central y en cada una de las alcaldías, el establecimiento de un Consejo de Seguridad Ciudadana, el establecimiento de la Universidad de la Policía y la puesta en marcha de un registro de detenidos, entre otras medidas.
Durante la entrega de los documentos, la funcionaria indicó que la estrategia de Claudia Sheinbaum se basa en cinco ejes fundamentales: la primera es la atención a las causas mediante programas intensivos de educación, cultura, deporte, capacitación para el empleo, con principal énfasis en los jóvenes y en las mujeres.
El segundo es mayor presencia policiaca no sólo física, también con infraestructura y herramientas que permita a los policías ser más eficientes en la persecución de los delitos. El tercero es inteligencia y justicia, mediante el fortalecimiento de la investigación y el uso de herramientas tecnológicas.
El cuarto punto es la coordinación interinstitucional y ciudadana, a partir de la integración y articulación de la capacidad institucional de todos los niveles de gobierno y su vinculación permanente con la ciudadanía. “El quinto eje son las modificaciones al marco legal que permitan adecuarse a una realidad cada vez más violenta y ante una delincuencia más agresiva”.
De manera detallada, Rosa Icela Rodríguez explicó que con las reformas al Código Penal se busca incrementar las penas en el delito de robo, sus agravantes y calificativos: robo simple a casa habitación; de identificaciones falsas o supuestas órdenes de autoridad, en vehículo particular, robo en transporte público, robo de automóvil, robo de autopartes; en contra de los transeúntes.
“También en contra de cualquier medio o artificio técnico desarrollado a la luz de las nuevas tecnologías, tales como teléfonos celulares, laptops, tabletas, computadoras, también el robo en contra de los cuentahabientes y los cometidos por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad ciudadana o personal operativo de empresas que presten servicios de seguridad privada, aunque no estén en servicio, es muy importante”.
“Un punto importante es que se incrementa la penalidad por el uso de la violencia. Lo que se está buscando es que en la Ciudad de México se reduzca la violencia y haya cada vez más penalidades en torno aquellos delitos que afectan al ciudadano, a la mayoría de los ciudadanos”, dijo.
Ante los legisladores, la funcionara pública señaló que en este mismo ámbito se contemplan beneficios penales y sustitutivos penales, aunque están negados para reincidentes.
La Ley de Seguridad Ciudadana se alineará a las constituciones políticas federal y local
Al referirse a la Ley de Seguridad Ciudadana, indicó que ésta prevé la alineación al mandato de la Carta Magna federal, así como a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de seguridad ciudadana; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
“Esta Ley de Seguridad Ciudadana resalta el establecimiento al Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad México como eje articulador de la política en materia de seguridad, que comprende cuatro elementos: autoridades responsables de la seguridad ciudadana, órganos de coordinación, órganos de participación ciudadana, como ejes fundamentales que incorporan no solamente la participación de los ciudadanos mediante las comisiones de participación ciudadana y protección civil. También la participación de la sociedad civil, a través del Consejo Ciudadano para la seguridad ciudadana y procuración de justicia y los cuerpos policiales, cuya ingeniería institucional se encuentra más enfocada a la prevención”, añadió.
Establecerá además el Consejo de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con la participación de las dependencias gubernamentales en materia de seguridad, representantes de la sociedad civil y de la academia, así como de representantes de las autoridades federales en materia de seguridad.
La propuesta incluye la creación de los gabinetes de Seguridad tanto del gobierno central como de las alcaldías y de las coordinaciones territoriales.
Habrá una incorporación de la ingeniería policiaca: Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía de Investigación, dependencias de la Fiscalía General de Justicia local; así como los cuerpos técnicos dependientes de la Secretaría de Gobierno en materia de reinserción y ejecución de penas.
Incluso se sentarán las bases para el servicio profesional de las instituciones de seguridad ciudadana, que incluye a los cuerpos policiales, al personal de la Fiscalía y al servicio penitenciario.
De manera paralela se establecen los cimientos para la constitución de los Consejos de Honor en las instituciones de seguridad ciudadana, y las bases para la construcción de comisiones que atiendan los fenómenos de corrupción y abuso en contra de las mujeres en las instituciones de seguridad.
La secretaria de Gobierno expuso que en este articulado también se establecen los registros y las bases para la Universidad de la Policía y para los siguientes registros: de datos, del personal de seguridad ciudadana, de armamento y equipo, de información criminal, de estadísticas de seguridad, registro administrativo de detenciones, de medidas cautelares, providencias precautorias, soluciones alternas y formas de terminación anticipada.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, José de Jesús Martín del Campo, recibió las propuestas y expresó que se les dará curso “en la próxima sesión de la Comisión Permanente para que se lleven a cabo los trámites de discusión y dictamen”.
