Patricia Sotelo
Las puertas del campo militar correspondiente al Batallón 27 de Infantería en Iguala, Guerrero, se abrieron, por fin, para que madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entraran a revisarlas. ¿Qué buscaban? Algún indicio sobre el paradero de sus hijos. ¿Qué encontraron? Nada.
Y es obvio que no hallaran algo, pues han pasado 58 meses de los trágicos sucesos en Iguala, en los que los estudiantes fueron entregados a sicarios por policías municipales.
Sin embargo, el hecho es significativo dado que inspeccionar la zona militar del 27 Batallón fue una exigencia de los familiares de los normalistas desaparecidos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –instancia internacional que investigó los sucesos- que fue ignorada por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Por lo mismo, llama la atención la escasa información que se dio al evento que tuvo lugar el pasado 24 de julio y, por lo tanto, su poca difusión en los medios de comunicación. El hecho quedó consignado solo en un comunicado conjunto que emitieron las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional en el que informaron que integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y una representación de los padres y madres de los normalistas realizaron un recorrido en el cuartel militar “como parte de las acciones emprendidas para el esclarecimiento de los hechos sucedidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014”.
“La visita comprendió la presentación histórica del Batallón y el recorrido a las instalaciones ubicadas al interior del Campo Militar. Al término del evento, los integrantes de la Comisión solicitaron que se continúe apoyando con la investigación hasta conocer el paradero de los normalistas”, dice el comunicado.
Escueta información para un evento que, en otros tiempos, habría generado gran expectación. Los familiares de los estudiantes desaparecidos tampoco dijeron más, salvo en entrevistas aisladas donde comentaron que sabían que no iban a encontrar ahí a sus hijos. “Los han de haber movido (a otro lugar)”, dijo Hilda Legideño Vargas, madre del normalista desaparecido Jorge Antonio Tizapa Legideño, a la revista Proceso.
Hay que recordar que desde que desaparecieron los normalistas, tanto sus madres y padres como el GIEI exigieron al presidente Peña Nieto que se investigara a los militares, luego de varias versiones que los ubicaba en ciertos lugares en la trágica noche de Iguala.
En varias ocasiones, sus familiares protestaron frente a las puertas de las instalaciones militares de Iguala, lanzando piedras y petardos, imágenes que tuvieron gran difusión.
Exigían entrar. A cambio, recibieron un “portazo”, pues el entonces secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, se opuso rotundamente a que los militares del 27 Batallón de Infantería fueran interrogados bajo el argumento de que no tuvieron nada que ver en los sucesos de Iguala, y más se resistió a que las instalaciones castrenses fueran revisadas. Por supuesto, recibió todo el respaldo de Peña Nieto.
Hoy, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la instrucción es otra. El General Luis Cresencio Sandoval apoyó la decisión de ir al fondo de la investigación y ordenó abrir las puertas del 27 Batallón. Sin embargo, resultó ser más un acto político de buena voluntad, que una verdadera acción de investigación.
Es cierto que López Obrador ha mostrado sensibilidad para atender los reclamos de los familiares de los estudiantes desaparecidos, pero ahora falta que haya resultados. Han pasado siete meses desde que inició el gobierno y cuyo primer acto oficial fue anunciar la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, la cual quedó formalmente instalada en enero; no obstante, aún no se conocen avances en las investigaciones.
Urge saber la verdad, sea cual sea. Las madres y padres de los 43, que aún esperan ver a sus hijos vivos, la merecen.
