Patricia Sotelo
En la víspera del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, familiares de los miles de desaparecidos en el país le recordarán la gran asignatura pendiente por resolver: localizar a sus seres queridos, y lo harán el próximo viernes, 30 de agosto, con manifestaciones en todo el país, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Y es que, al parecer, los esfuerzos de las autoridades federales han sido insuficientes para dar respuesta a la urgencia de localizar a las más de 40 mil personas desaparecidas, sino también, de atender la emergencia forense que implica tener cerca de 36 mil cadáveres sin identificar.
No es un problema fácil de resolver, lo sabemos, pero es el más urgente y prioritario al tratarse de una crisis humanitaria y de grave violación de los derechos humanos, como lo ha reconocido Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.
Sin embargo, los familiares exigen resultados pronto, y se entiende. Piden buscar a sus seres queridos en vida, no solo en fosas; así como identificar los cuerpos que se han encontrado, muchos de ellos están apilados en los centros forenses, los cuales no se dan abasto.
Atender estas demandas requiere de un sistema que el gobierno de López Obrador apenas está construyendo. Hace dos meses, durante el Informe de Trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda se planteó que en septiembre deberán estar listos los planes regionales de búsqueda e integradas todas las Comisiones de Búsqueda en los estados.
Hasta junio, se habían creado estas comisiones en 24 estados, aunque solo 18 tenían titular. Se avanzó un poco, ya que en el gobierno de Enrique Peña Nieto nada más se crearon 13 y muchas de ellas no tenían quién las dirigiera.
Pero también falta tener un registro real de personas desaparecidas, más planes estatales y regionales y un Programa Nacional de Búsqueda de Personas. Y, además, falta integrar algo indispensable: una base única en materia genética que sirva para identificar los cuerpos encontrados.
En tanto, se planea crear institutos regionales forenses y construir 15 cementerios forenses en nueve entidades para guardar los miles de cadáveres en condiciones dignas y darles el tratamiento adecuado para su identificación.
López Obrador ha dicho que el problema de los desaparecidos “es la peor herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores”, incluso “peor que la corrupción”. En eso tiene razón, ya que el saldo de 40 mil desaparecidos es resultado de la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón en 2007 y que continuó en el sexenio de Peña Nieto. Han sido doce años de seguir sumando muertos y desaparecidos en el país, con el agravante de ignorar el sufrimiento de los familiares y su exigencia de justicia.
Pero ahora López Obrador encabeza el gobierno y le corresponde resolver el problema, y no será fácil pues se siguen encontrando fosas clandestinas en el país y, por lo tanto, cuerpos, cráneos y huesos que pertenecieron a seres humanos.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, entre el primero de diciembre del 2019 y el pasado mes de junio, se encontraron 426 fosas clandestinas, las cuales habría que sumar a las mil 100 que ya existían y que habían sido reconocidas por el gobierno.
Es claro que las administraciones anteriores se vieron rebasadas ante la grave dimensión que alcanzó el problema de los desaparecidos, pero el actual gobierno puede correr esa misma suerte si no avanza con celeridad en la solución y si, además, no frena la ola de violencia que provoca muertes y más personas desaparecidas.
Por lo pronto, veremos si en su Primer Informe de Gobierno, López Obrador menciona lo que se está haciendo para resolver la crisis de los desaparecidos.
