Jorge Alberto Lara
Todos los fines de semana en la Ciudad de México se pueden admirar decenas de automóviles de modelos antiguos, circulando con sus carrocerías enceradas y sus orgullosos dueños al volante. Carros como el Mustang, Jaguar, Mercedes y otros modelos de los años sesentas o setentas aparecen vistosos en las calles capitalinas. Sin duda son valiosos artículos de colección. Sin embargo, más allá de sus líneas clásicas, actualmente no podrían ser utilizados de manera cotidiana para resolver las necesidades de transporte de ninguna persona o familia. Sus motores gastan demasiado combustible y de manera poco eficiente. Sus pesadas carrocerías los hacen inseguros para todos. Ni qué decir de sus interiores, poco comparables con las comodidades de cualquier austero de la actualidad.
Algo semejante pasa con el sistema presidencial o presidencialista que tenemos en México. Dicho esquema político se distingue por contar con un presidente, jefe del Poder Ejecutivo, cuya legitimidad nace en las urnas de manera directa. El Poder Legislativo, por su parte, obtiene el mandato de un comicio paralelo el mismo día y lugar.
Este mecanismo de legitimidad dual fue adoptado de manera destacada en el siglo XVIII por los Estados Unidos de Norteamérica y fue replicado por decenas de países de Latinoamérica. Es un sistema rígido en el que son escasos los vasos comunicantes entre el poder Legislativo y el Ejecutivo. En México hemos llevado al extremo absurdo la división de poderes y se ha propiciado una la ley del hielo entre ellos: ya no hay un solo día en que de manera formal tengan que reunirse los dos poderes, ni para revisar el estado de la nación, menos aún para deliberar. El día del informe naufragó en una ola de chantajes de quien hoy gobierna y no se ve para cuando se pueda reanudar el diálogo directo entre quienes representan, en sendos nichos constitucionales, a la soberanía popular. Nuestro sistema no puede ser más disfuncional.
Por ejemplo, en el ejercicio de glosa del informe, las comparecencias de secretarios de estado ante los senadores y diputados más bien son ejercicios retóricos de escasa utilidad en términos republicanos. Al realizarse en tiempos muy cortos, los participantes apenas logran expresar algunas ideas u opiniones sobre las cuentas que se entregan.
El presidencialismo mexicano mata el debate real. Es plenamente insuficiente para abarcar e integrar a las diversas expresiones políticas, sociales y económicas que existen en planos de horizontalidad. Aniquila los consensos y, por tanto no permite conjurar los extremismos tanto de quien gobierna como de quien se pueda sentir marginado.
El sistema parlamentario, de raigambre europea, parece ser más pertinente y adecuado para las democracias actuales y los retos que se enfrentan: sociedades fragmentadas, multipolaridad de intereses, visiones y programas. Los mecanismos e incentivos para el acuerdo, ya sea parcial o total, momentáneo o permanente, son mucho mayores y más asequibles en este tipo de sistema.
Los problemas acuciantes de la actualidad requieren respuestas rápidas pero consensuadas y sólidamente ejecutadas. La evaluación de las políticas públicas igualmente debe ser un ejercicio horizontal, transparente y eficaz. En todo el ciclo de la planeación, legislación, realización y fiscalización de dichas políticas, el debate debe ser intenso, profundo y amplio.
El sistema presidencial mexicano de hoy en día parece una carcacha que funciona apenas. Tenemos un presidente que se refocila en el autoelogio, que habla pero no debate, acusa pero no prueba, dispone pero no concita, sermonea pero no crea puentes. Y es así, porque el sistema se lo permite.
La reticencia a la rendición de cuentas y a la argumentación horizontal de este gobierno son la mejor muestra de la disfunción y el agotamiento de este sistema setentero.
