Arturo Páramo
Como pocas veces, irrumpió en la Ciudad de México la protesta por el clima de inseguridad que se vive, en especial hacia las mujeres, que son víctimas de todo tipo de violencia desde su infancia, y que se recrudece conforme avanza su vida.
También se han polarizado las posiciones entre quienes exigen que protestas como las del fin de semana sean reprimidas por la policía capitalina.
A esto se suma la falta de empatía del Gobierno capitalino que desde el inicio del caso de la chica que afirmó haber sido agredida sexualmente por policías en Azcapotzalco, dejó pasar tiempo precioso para atajar el problema y anunciar que el caso sería seriamente seguido en compañía de la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones feministas.
Pero también han surgido confrontaciones cada vez más severas entre quienes se autodenominan como feministas de vanguardia, con actitudes y acciones más “disruptivas”, que incluso exigen que sus manifestaciones sean cubiertas exclusivamente por mujeres y celebran la agresión a reporteros.
El episodio de la diamantina lanzada contra el jefe de la policía en medio de la protesta y la rotura de vidrios, de la Procuraduría, los destrozos en la estación del Metrobús Insurgentes y las pintas en el Ángel de la Independencia sólo acrecentaron la diferencia de opiniones sobre cómo abordar el tema.
El punto primordial por momentos se perdió entre todo este ruido.
La Ciudad de México, sus autoridades y buena parte de la población no asimilan la necesidad de proteger a las mujeres en todo momento de su vida, y de castigar ejemplarmente cualquier acto de violencia contra ellas.
El nuevo sistema penal acusatorio no ayuda más que el anterior sistema para combatir legalmente los actos violentos contra ellas, porque se requiere de denuncias para actuar y de ratificarlas y el proceso legal inicia con la presunción de inocencia del acusado.
Los señalados tienen la posibilidad de salir rápido de la cárcel si no hay la ratificación de denuncia, y pueden se- guir los procesos judiciales en libertad.
Desde la propia Presidencia de la República se ratificó, además, que no habrá actuación de la policía contra cualquier manifestación, resistiendo la tentación de intervenir en las calles que algunos sectores exigen. Se trata de un escenario complejo que confronta el real problema de inseguridad hacia las mujeres contra el tibio llamado presidencial a que delincuentes de todo tipo a “portarse bien”.
Y el llamado a “portarse bien” tampoco tiene repercusión entre quienes asaltan a pasajeros del transporte público sin consecuencias legales para ellos; y tampoco es escuchado por las bandas del crimen organizado que tienen asoladas regiones de Guanajuato, Michoacán y Veracruz; y tampoco tiene impacto en zonas urbanas en donde la delincuencia actúa con índices de impunidad cercanos al 100 por ciento.
A eso hay que sumar la ironía del presidente que “reconoce” que la oposición está desarticulada y lo aplaude en público.
En el espectro de temas importantes de las más altas autoridades de este país parece poco importante incluso la integridad física de quienes siguen de cerca las actividades del presidente.
Este fin de semana, dos camionetas que trasladaban a reporteros que acompañan al presidente sufrieron averías. Una fue una ponchadura de llanta por falta de pericia del conductor. La otra, ya en Huautla, Oaxaca, por una falla en los frenos que provocó el choque contra dos vehículos con saldo de lesionados. El sábado, de nuevo ocurrió una falla en los frenos de uno de los vehículos, por “fortuna” ya cuando se habían dejado atrás las zonas de curvas cerradas y de precipicios de la Sierra Juárez, en Oaxaca. Si algo puede caracterizar a este periodo de transición entre un régimen cansado y corrupto insostenible que necesita ser desmantelado, y otro que aún está por tomar forma, es la incertidumbre. Así se vive en este país, en incertidumbre, y eso, en términos médicos no es sano para el cuerpo que lo sufre.
