Diana Sánchez
La desigualdad social es una condición que sigue lastimando a México; por un lado, aquí vive uno de los hombres más ricos del planeta, mientras 55.3 millones de personas lo hacen sumidas en la pobreza, o sea, el 46.2% de la población total del país. Según la OXFAM, en 2015, México formó parte del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el Mundo, ocupando el lugar 87 de 113 analizados.
Uno de los factores que genera esta desigualdad social es la falta de trabajo, que además afecta terriblemente la dignidad de las personas y violenta sus derechos humanos. Este fenómeno social y político, favorece que las personas que se dedican al comercio en el espacio público, se enfrenten a problemáticas asociadas a la inseguridad y la discriminación, donde la persecución y criminalización por parte de las autoridades, la violencia, y el maltrato, son el contexto en el que convergen este desempleo y la falta de oportunidades, sumando, por si fuera poco, la carencia de seguridad social y la ausencia de una estabilidad económica.Es importante resaltar que la práctica del comercio popular en el espacio público se debe en gran parte a que la economía mexicana no ha generado los suficientes espacios en el sector formal.
Actualmente,no tenemos normatividad específica para este tipo de empleo, lo más cercano es el Código de Comercio que se promulgó en 1887, y que aún continúa vigente, aunque naturalmente, por el tiempo transcurrido, este ya no corresponde a las necesidades de la sociedad de nuestro tiempo.
Cuando nos damos cuenta de que el comercio en el espacio público es una realidad económica y social que tiende a incrementarse cotidianamente, se vuelve necesario y muy pertinente generar documentos como la iniciativa ciudadana de ley que presentaremos este 3 de septiembre al Congreso de la Ciudad de México, también conocida como Ley Chambeando Ando; con ella, buscamos una regulación de nuestro sector, que nos garantice por un lado, nuestros derechos, y por el otro, que nos de obligaciones, para que de esta manera, la convivencia entre la sociedad, las autoridades y los comerciantes sea armónica y genere beneficios para todos.
Este tipo de regulaciones ya son una realidad enAmérica Latina, donde destaca el caso de Colombia, donde la Corte Constitucional de este país determinó que la autoridad municipal debe respetar los derechos adquiridos por los comerciantes en el espacio público, porque reconoce que el derecho a vender en estos espacios, deriva directamente del derecho al trabajo, lo que legitima jurídicamente a los comerciantes para el ejercicio de sus actividades, siempre y cuando cumplan con las disposiciones de recuperación de los espacios públicos que las autoridades municipales determinen.
Otros ejemplos de buenas prácticas los tienen Argentina, Paraguay y Perú, que transitan en la vía de abandonar la criminalización de este tipo de comercio, mediante el establecimiento de distintas normatividades para su formalización y regularización.
En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo, tutela los derechos de los comerciantes en el espacio público, y emite recomendaciones para la transición de la economía informal a la economía formal, promoviendo que los estados miembros desarrollen marcos jurídicos que atiendan a los trabajadores cuyas relaciones de trabajo no estén reconocidas por la Ley o no se encuentren reguladas, mismas que deben respetar los principios y derechos fundamentales del trabajo, promover la igualdad, erradicar toda forma de discriminación, fomentar los modelos de cooperativas, brindar acceso a la estructura financiera y tecnológica, estableciendo “pisos de protección social”, incluyendo la utilización de los espacios públicos y el acceso regulado a los recursos naturales públicos con fines de subsistencia, erradicando cualquier forma de violencia de género y reconociendo una amplia gama de derechos sindicales para los comerciantes en la vía pública.
Deseo que sea un éxito la presentación de esta iniciativa ciudadana, que es un ejemplo verdadero de democracia, trabajo conjunto y consenso, para que muy pronto, vivamos en una ciudad que reconozca y proteja a todas y todos sus trabajadores que tanto aportan al desarrollo del país y su economía.
