Lorena Osornio
La sociedad civil, debe seguir en pie de lucha para ser vigilantes permanentes del actuar de los gobernantes, a fin de velar porque sus acciones tengan repercusiones positivas en los mexicanos, y aunque nos hemos casado de escuchar por parte del Presidente y de la Jefa de Gobierno las excusas como: “dejaron un cochinero”, lo cierto es que también sus acciones presentes merecen ser cuestionadas con sustento, para no generar nuevos cochineros en un futuro inmediato.
Lo anterior viene a colación, ya que se está gestando un desaseo en la creación de las nuevas leyes que reglamentarán la Reforma Educativa Constitucional que este Gobierno tiene como una de sus banderas principales, tal y como lo hizo Enrique Peña Nieto desde el inicio de su sexenio.
Estas reformas a la Constitución propuestas por el Presidente López Obrador y avaladas por el Congreso de la Unión, dieron pauta para que de ellas emanen nuevas leyes y reformar a las ya vigentes, tal como la Ley General de Educación.
Era de esperarse que fuera el propio Presidente quien tuviera de la firmeza de presentar las iniciativas respectivas, pero se arrepintió y mandó al matadero a Diputados Federales al parecer sin saber que firmaban, ya que no se concibe la idea de abrir un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la creación de una nueva Ley General de Educación, cuando no existía propuesta alguna.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, presidida por la Diputada Adela Piña de MORENA, ya tenía organizados foros de consulta para escuchar a todos los implicados en la gran reforma educativa, mismos que se llevarían a cabo en San Lázaro del 29 al 31 de julio, pero como por arte de magia, el jueves 18 de julio (ya muy tarde) aparece una iniciativa en la gaceta parlamentaria la cual propone la creación de la nueva Ley General de Educación, firmada por algunos coordinadores de los grupos parlamentarios (MORENA, MC, PES y PVEM) y por la Diputada Adela Piña. Usted amigo lector se preguntará ¿Qué tiene de raro esto?, y la verdad es que mucho, pues una vez más nos encontramos con el autoritarismo del Presidente y la sumisión de los Diputados Federales. Su farsa de Parlamento Abierto (si alguien sabe realmente qué significa eso, favor de hacerlo saber) no espera cuando el jefe tiene prisa por sacar sus pendientes.
Lo que el Presidente pretendía era que, en una semana (del 18 al 25 de julio) se “estudiara” y aprobara una Ley General de Educación de 181 artículos para tener Ley antes del inicio del ciclo escolar, lo cual, afortunadamente no sucedió y ahora se pospuso su discusión para el inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones que comienza el 1º de Septiembre.
La duda se agranda cuando se reflexiona en el hecho de que, si la Comisión de Educación ya tenía en marcha la segunda etapa de foros a fin del mes de julio para recabar información en tanto el Presidente mandaba la iniciativa correspondiente, pero dicha iniciativa es presentada sin decir “agua va” por la tarde del 18 de julio, firmada por Diputados Federales incluyendo la presidenta e integrantes de la Comisión de Educación, nos lleva a la conclusión que ese mismo día, sin saber su contenido, “alguien” ordenó que fueran los mismos Diputados los que presentaran la iniciativa.
La reflexión anterior, abre este espacio para desmenuzar esta propuesta a todas luces hecha por el Presidente y el Secretario de Educación Pública pero, escondiendo la mano detrás de los Diputados. ¿Será que aprovecha la mala reputación de los Legisladores para que pasen desapercibidas las modificaciones al sistema educativo del país?
Tenemos por lo menos todo el mes de agosto para coadyuvar a los Legisladores en el proceso de análisis de la Ley General de Educación, por lo que, en este espacio daremos a conocer a los Diputados nuestros puntos de vista a la propuesta de Ley, para así impulsar un verdadero parlamento abierto y no las simulaciones que ni el propio Presidente respeta.
