Nashieli Ramírez
El 30 de agosto de cada año, desde 2011, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Este año, el Gobierno de México, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Nacional de Búsqueda, dio a conocer los avances alcanzados durante el periodo que va del 1 de diciembre de 2018 al 14 de agosto de este año.
Es la primera vez que el Gobierno de México da a conocer públicamente las cifras oficiales sobre el reconocimiento del número de fosas clandestinas identificadas de 2006 a la fecha, el número de cuerpos encontrados en éstas, así como las entidades federativas en las que se concentran mayoritariamente.
Se tiene certeza de la existencia de 3 mil 24 fosas clandestinas, a las que corresponden 4 mil 874 cuerpos. De estas cifras, tan sólo del periodo que va del 1 de diciembre de 2018 al 14 de agosto de 2019, corresponden 522 fosas y 671 cuerpos de los cuales 200 han sido identificados y 116 entregados a sus familiares.
Los desgarradores datos ofrecidos por las autoridades son dinámicos, es decir, que si bien son certeros, la búsqueda sigue y no conocemos aún la dimensión del terror.
Para dar cumplimiento a las obligaciones de nuestro país establecidas en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en noviembre de 2017 fue publicada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, misma que entró en vigor en enero del año siguiente.
La instalación del Sistema Nacional de Búsqueda fue reactivado con el cambio de gobierno y mientras que en marzo de este año se encontraban instaladas diez Comisiones de Búsqueda en las entidades federativas, a la fecha se cuenta con 25 instaladas, incluida la de la Ciudad de México, cuyo titular fue confirmado en junio pasado.
Esa infraestructura institucional está destinada a aumentar la capacidad del Estado para atender la grave situación de desaparición forzada en el país y focalizar la búsqueda de personas con vida. En ese sentido, las autoridades enfatizaron que la primera acción es la búsqueda inmediata, sin embargo, por la cantidad de casos en rezago, también se ha fortalecido o bien complementado con las acciones de búsqueda judicial, jurídica, en terreno y forense.
Además, fue dado a conocer que en marzo se inició el Diagnóstico Nacional Forense en conjunto con la Fiscalía General de la República, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda. Con la información derivada de éste, se llevaron a cabo tres acciones: la firma de un convenio de subsidio con el gobierno de Coahuila para la instalación de un Centro de Identificación Humana que contribuya a la atención de la crisis por desaparición forzada en esa entidad pero también en la región norte del país; la creación de cementerios forenses para brindar un lugar digno a los cuerpos no reclamados por familiares y así disminuir la saturación de los servicios médicos forenses; y la concreción del Mecanismo Extraordinario Forense para generar política pública en materia de desaparición forzada en la vía ordinaria y, como vía extraordinaria, motivar la vinculación para la cooperación internacional.
Dado este contexto, son un acierto las siete instrucciones de cumplimiento inmediato dirigidas a dependencias del gabinete para afianzar el compromiso por la lucha en contra de la desaparición forzada en el país, así como para acelerar los resultados esperados de las estrategias emprendidas en la materia.
En especial, tanto la declaración de dar inicio con el proceso de aceptación de la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir comunicaciones individuales como la invitación del Comité para que lleve a cabo una visita a nuestro país durante el segundo semestre de 2020, son medidas significativas para atender esta grave situación y sumar esfuerzos con la comunidad internacional para terminar con ella.
El Comité es un órgano previsto en la Convención, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006 y que entró en vigor para nuestro país en 2010. Sin embargo, México no había realizado la declaración explícita necesaria para que el Comité pudiera recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo la jurisdicción mexicana o en nombre de ellas, que aleguen ser víctima de violaciones de las disposiciones de la Convención por parte del Estado.
A partir de que sea concluido el proceso de declaración de aceptación de competencia del Comité para conocer casos, las y los familiares de las víctimas de desaparición acaecida de 2010 a la fecha que hayan agotado los recursos internos, podrán acudir al éste para la atención de su caso.
Por su parte, en el ámbito local, es fundamental que tanto la Comisión de Búsqueda como la Procuraduría de Justicia, ambas de la Ciudad de México, hagan del conocimiento de la ciudadanía la información sobre la situación de personas que son reportadas como desaparecidas, la normatividad jurídica, los mecanismos existentes para la búsqueda de las mismas, el plan de trabajo para realizar la búsqueda de las personas priorizando la búsqueda en vida, así como las medidas para prevenir la comisión de los delitos, junto con la estadística delictiva asociada con la desaparición de las personas (trata, secuestro, desaparición forzada, entre otros tipos penales).
Lo anterior es así pues si bien se ha dado a conocer que en la Ciudad de México no se han identificado fosas clandestinas ni cuerpos, es un hecho que la desaparición de personas no es un fenómeno ajeno a esta Ciudad y es necesario contar información para delimitar el problema.
Finalmente, la Ley de Búsqueda de la Ciudad de México que deberá aprobarse en el próximo periodo ordinario de sesiones no sólo debe apegarse a lo dispuesto en la Ley General en la materia, sino que debe aportar claridad y precisión en la articulación con las instituciones locales para que pueda contarse con una respuesta efectiva a las víctimas y prevenir la falta de diligencia en las actuaciones encaminadas a encontrar con vida a las personas reportadas como desaparecidas.
¿Por qué hacer un recuento de las acciones institucionales a nivel federal en materia de desaparición de personas y señalar los pendientes para la Ciudad de México? Porque, como sociedad, necesitamos estar conscientes de la magnitud del terror que está viviendo nuestro país para destinar recursos públicos y los esfuerzos necesarios para revertirlo. Esta sociedad no puede permanecer indolente ante una nación sepultada en fosas y ante miles de familiares que sobreviven buscando a sus seres queridos. La sociedad en su conjunto debe dar seguimiento al cumplimiento de las acciones que a nivel federal y local se lleven a cabo para encontrar a las personas.
