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LA ANTÍPODA OSCURA / Arrogantes y siniestros

En la entrega anterior ya comentábamos que los diputados iban a pasarse por el arco del triunfo un amparo promovido por habitantes de pueblos y barrios originarios contra el proceso de aprobación de la Ley de Planeación capitalina.

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Alberto Cuenca

La contumaz arrogancia que han mostrado los diputados del Congreso capitalino hacia los pueblos y barrios capitalinos y su derecho de participación ciudadana merece darle continuidad al tema dentro de este espacio.

A la soberbia de nuestros congresistas se suma una suerte de esquizofrenia en los argumentos de esos legisladores para negar la consulta a pueblos y comunidades indígenas respecto a la nueva Ley de Planeación.

En la entrega anterior ya comentábamos que los diputados iban a pasarse por el arco del triunfo un amparo promovido por habitantes de pueblos y barrios originarios contra el proceso de aprobación de la Ley de Planeación capitalina.

A través del juicio de amparo 979/2019 los inconformes acusaron que no se estableció un mecanismo especial para asegurar el derecho a la consulta de los pueblos y barrios originarios, con lo que se violan el artículo 2 constitucional, convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 59 de la Constitución capitalina, donde se obliga a las autoridades a consultar a esa población antes de tomar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles.

En la ruta para negar ese derecho a la consulta, el pasado jueves 5 de septiembre la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Legislativo local aprobó una opinión solicitada por sus pares de la Comisión de Planeación.

Los argumentos que esgrimió esa Comisión de Pueblos son dignos de un análisis psicológico, pero hasta para llevarlos a una clase de derecho parlamentario y enseñarle a los alumnos cómo no se deben hacer las cosas.

La Comisión de Pueblos está presidida por la diputada morenista Guadalupe Chávez, y el dictamen de opinión que presentó es una bofetada a la inteligencia de cualquiera.

De entrada alegó que la Ley de Planeación ¡no será un instrumento de planeación! Por lo anterior, aseguró que esa normatividad no afectará los derechos de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes.

Así como van las cosas no nos sorprendamos que los diputados quieran quitarle la palabra “planeación” a la ley y caso cerrado.

Pero la legisladora no se conformó con esa belleza de alegatos. Argumentó que el proyecto de la Ley de Planeación establece mecanismos de participación ciudadana. Esto es para darse de topes, porque nadie fuera del círculo de los diputados conoce tal proyecto de dictamen, pues no se ha discutido, ni se ha distribuido y por lo que sabemos ni siquiera se ha terminado de redactar.

Luego, viene una joya. En la opinión presentada por Guadalupe Chávez y que se aprobó por unanimidad, se señala que en la ejecución de los lineamientos de planeación podrá participar la ciudadanía en general, además de que la participación de los pueblos, barrios y comunidades indígenas “son contemplados en el citado proyecto de dictamen de la ley de planeación, de acuerdo a las particularidades de los instrumentos de planeación”.

¿Entonces en qué quedamos? ¿No que la ley no es un instrumento de planeación?

Para atizarle más, Chávez concluyó que la Ley de Planeación no es un instrumento de planeación, pues su objeto es establecer las reglas generales para el funcionamiento del Sistema de Planeación. ¡Ya, traigan al loquero!

No conformes con todo esto los diputados incurrieron en un nuevo desacato a la Constitución local, incluso respecto al plazo que ellos mismos se dieron para aprobar la mentada Ley.

La Constitución local estableció de inicio que esa legislación debía estar lista en marzo pasado, pero los diputados modificaron los artículos transitorios para darse una prórroga al 5 de septiembre, fecha que obviamente incumplieron.

Con todos estos enredos y desacatos los diputados son o muy tontos o muy macabros, pues pareciera que le dan elementos a los inconformes para impugnar judicialmente el decreto de la nueva Ley de Planeación, una vez que se apruebe.

En ese escenario quedaríamos en un limbo jurídico que por ahora le conviene a quienes se han beneficiado política y económicamente del desorden urbano.

De ser así, nuestros diputados no solo son arrogantes, sino también siniestros.

Lo nuestro es la #política en la #CDMX; si en verdad te late la grilla chilanga en las redes, visita nuestra página: https://elinfluyente.mx

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