Ernesto Osorio
Hace unos días participaba en un debate sobre los derechos de los fumadores y de los no fumadores de esta ciudad, con la finalidad de entender la complejidad que encierra la difícil tarea de construir leyes que mejoren nuestra convivencia, sin que algunas garantías prevalezcan por encima de las otras al momento de promulgarlas.
Cualquiera podría decir que en el tema de este debate (el del cigarro), lo que nos dicta el sentido común es que hay que privilegiar el bienestar social y que las leyes antitabaco en esta ciudad, o en este país, deben aspirar a fomentar el consumo responsable y consciente de este producto, de tal forma que sus consumidores entiendan que causa daños a la salud y a la de los demás en espacios abiertos. Que no se trata de negarles el derecho a consumir una droga, debidamente reglamentada para su venta, sino más bien, de avanzar hacia una mejor sociedad, libre de adicciones.
Quienes vivimos en esta ciudad, y somos consumidores regulares de tabaco todavía, nos hemos adaptado a estas nuevas normas que se han ido construyendo en los últimos 20 años, aún y cuando al principio algunas parecían desproporcionadas o contradictorias. Pero adicionalmente a esto, ha crecido de manera paralela un entorno de impunidad en el que los consumidores pueden evadir las normas prohibitivas para fumar en un lugar cerrado.
Este es el círculo vicioso de nuestras leyes en este país. Podrán inventarse miles de iniciativas de ley para tener un mejor nivel de vida, una mejor seguridad, una mejor oferta educativa o un mejor salario, pero siempre existirá esa tentación para poder burlarla, en el momento que sabemos que nos afecta.
Por eso quizá provocó la risa de muchos, que hace ya algunos meses en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Lourdes Paz de Morena propusiera reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles para prohibir que en los locales comerciales se vendiera cerveza fría, con la finalidad de inhibir el consumo del producto en el mismo establecimiento y evitar se sigan generando actos de violencia entre jóvenes al calor de los tragos.
¿De verdad creyó esta jovencita diputada que con prohibir la venta de cerveza fría, se acabarían las riñas y peleas callejeras? Por supuesto que nunca será así, al contrario. El consumo sería mayor pues quienes gustan de convivir en esos ambientes lo harían ahora para desafiar una disposición que considerarían arbitraria por el simple hecho de retirarles el derecho a divertirse.
He querido tomar estos dos ejemplos solo de muestra, para poder comentar el tema central al que me quiero referir en esta ocasión.
El pasado viernes, se dio la primera lectura ante el pleno del Senado al decreto que reforma cinco instrumentos legales para tipificar el delito de defraudación fiscal como delincuencia organizada, en cuyo caso procederá la prisión preventiva oficiosa y a reserva de comentar más adelante lo que haya resultado de la discusión que inició ayer, lo cierto es que de aprobarse, se iniciará con un terrorismo fiscal sin precedente en todo el país.
El espíritu de esta iniciativa, es muy loable, lo mismo que lo son aquellas que buscan desalentar el consumo de tabaco o reducir la violencia, pero sus alcances dejan también de lado aspectos que como en los ejemplos citados, pueden representar más un problema, que una solución.
¿Qué pretenden el Congreso de la Unión con estas reformas?
De acuerdo con el dictamen, se sancionará en calidad de miembros del crimen organizado, si tres o más personas se organizan para cometer los delitos de contrabando y su equivalente, defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada; y la misma sanción corresponderá a quien expida comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
El decreto se elaboró considerando tres iniciativas promovidas por Alejandro Armenta (Morena), Minerva Hernández Ramos (PAN) y Samuel García (MC), presidente e integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, quienes seguramente poco han platicado con sus representados o con empresarios pequeños y medianos.
Avanzar hacia una reforma fiscal que castigue de manera genérica como delincuencia organizada todas estas prácticas, equivaldrá a comparar a una organización criminal con pequeños empresarios que por razones muy diversas pudieran haberse retrasado en el cumplimiento de sus obligaciones. Sería como meter en el mismo saco a un contador despistado, con narcotraficantes o secuestradores ante la mirada contemplativa del poder judicial
¿O es que acaso tienen una confianza ciega en la Diosa Temis y nuestros jueces que juraron honrarla?
El quehacer de nuestros diputados y diputadas, en lo general a veces dista mucho de lo que la gente realmente necesita o requiere y su agenda se marca principalmente por quienes ostentan el liderazgo en el partido con mayoría en el Congreso, ya sea el local o federal.
Ojalá que los senadores puedan escuchar a tiempo a los pequeños y medianos empresarios que han sido, sobretodo, los que han pagado los platos rotos por la desaceleración económica que padece nuestro país.
