A mediados de 2018, la Consultora Pop Lab SA de CV llevó a juicio al Gobierno de la Ciudad de México —encabezado por el suplente José Ramón Amieva—, debido a un supuesto adeudo por 3 millones 152 mil 507 pesos.
La empresa se había ofrecido a hacer spots, cápsulas, cineminutos para televisión, radio e internet. Además, diseños para inserciones en revistas, periódicos, sitios de internet, folletos, espectaculares y bajo puentes.
Representados por Francisco Graue, los consultores alegaron que habían hecho un trabajo especial de difusión a los logros de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), como parte de un contrato de servicios con la administración capitalina, y que no se los reconocieron.
Si bien aceptó la existencia del contrato OM-CGCS-CPS-77-0-2018, el gobierno de la ciudad aclaró que, de acuerdo con los manuales y el propio contrato, los trabajos se tenían que solicitar exprofeso y por escrito, lo cual no ocurrió.
Aunque en el juicio la representación legal de la empresa reconoció que no siguieron los protocolos, alegó que los trabajos fueron solicitados por Zarife Maza, directora de Comunicación Social de Miguel Ángel Mancera, y Andrés Carreón, de la AGU.
Al momento del reclamo Maza ya no laboraba en el gobierno capitalino, y Carreón no tenía autorización para contratar nada. Tampoco existía orden de trabajo escrita, como lo estipulaba el contrato.
Ante ello, Pop Lab dijo que la orden se la dieron a través de conversaciones telefónicas y de WhatsApp con Zarife y Carreón, pero no presentaron pruebas de ellos ni pauta de trabajo alguno.
Debido a su debilidad, la demanda fue desechada, y en el ambiente quedó la idea de que los consultores quisieron aprovechar que todos estaban distraídos ante la próxima llegada del gobierno de Morena.
El tema viene a cuento porque la misma empresa tiene demandado ahora a Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México –sujeto a extradición en España-, por presunto incumplimiento de contrato por 166 millones de pesos.
Según una nota publicada por el diario Reforma, Graue aseguró que por órdenes del empresario hicieron estudios de opinión, redes sociales, encuestas y seguimiento informativo en favor de varios priistas del sexenio anterior.
Entre ellos menciona a Manlio Fabio Beltrones, José Carlos Ramírez Marín, David Penchyna e Ildefonso Guajardo, entre otros, y que el dueño de AHMSA les pagó sólo una factura con dinero y alrededor de 69 millones de pesos con acero, pero hay un adeudo.
Que les deben más de 166 millones de pesos, producto de tres mil 600 trabajos realizados entre 2014 y 2018, por los que cobrarían una iguala mensual de 10 millones 916 mil 214 pesos.
En la demanda no se menciona que los priistas lo hayan contratado, sino que el trabajo lo ordenó directamente Ancira, con quien Graue asegura haber hablado recientemente y que por teléfono supuestamente reconoció el adeudo, pero le dijo que no pagaría.
Otra vez los consultores afirman haber recibido órdenes por teléfono, pero tampoco tienen pruebas, por lo que allá en Coahuila piensan que, si no es un modus operandi, sí quieren aprovechar la coyuntura para sacar tajada de los apoyos a los proveedores de la acerera.
CENTAVITOS
Hugo López-Gatell afirmó ayer que ningún país puede saber cuántos casos de covid-19 tiene; se deduce que México tampoco. Entonces ¿para qué da cifras cada noche si no sabe bien cuántos hay?
