Se estima que en la Ciudad de México 6 mil 754 personas vivían en la calle a finales del 2018. Mientras que en el 2017 representaban unos cinco mil ciudadanos, aproximadamente, en situación de calle. En el último año de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno, dentro del escenario electoral que vivió el país el año pasado, mil 700 personas se sumaron a las cifras oficiales reportadas al cierre de aquella administración respecto al año anterior. Este tipo de población aumentó en sólo un año 35 por ciento.
Aunque según el censo de la población en situación de calle 2018, las cifra alcanzó las 18 mil 722 personas sólo en el territorio de la Ciudad de México, mismo que sirvió para la creación de las reglas de operación de los programas destinados para la atención de este sector de la población durante el ejercicio fiscal 2019, ya con un nuevo gobierno al frente de las riendas de la jefatura de gobierno.
Este 2019, de las más de seis mil personas que viven en las calles de esta ciudad, según las cifras oficiales reportadas en el diagnostico de las reglas de operación del Programa Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras (PAIPIPC), el gobierno busca atender a 4 mil 354 personas que habitan en espacios públicos, es decir, a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, personas adultas mayores, personas con discapacidad física o psicosocial, personas migrantes, de pueblos y comunidades indígenas y originarias, y personas LGBTTTI, que habitan, pernoctan, socializan y sobreviven en parques, plazas, jardines, bajo puentes o vías primarias, entre otros.
La política pública de atención a este sector pretende combatir la situación que los excluye del ejercicio pleno de los derechos establecidos en la Constitución local, y los coloca en una situación de riesgo y vulnerabilidad de carácter económico, social, civil, de seguridad, de aislamiento y hacinamiento, según dicho programa.
La acción gubernamental, procura brindar a las personas integrantes de las poblaciones callejeras servicios sociales básicos, como el servicio médico, baño, alimentación, ropa, lavado de ropa, cobijas, corte de cabello, valoración psiquiátrica y pernocta en los Centros de Servicios Sociales (CSS), así como canalizarlas a procesos de integración social.
Ya en noviembre pasado, durante la presentación del Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018, el director del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), Jorge Luis Pérez Santos, sostuvo que durante la administración mancerista que estaba por terminar se creó el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras, publicado en 2016.
En ese diagnóstico, las autoridades encargadas de atender este fenómeno sostuvieron la existencia de 6 mil 754 personas integrantes de las poblaciones callejeras, dispersas en 446 puntos; de ellas, dos mil 400 eran atendidas en albergues y cuatro mil 354 habitan en el espacio público. Todas estas cifras según sus propios conteos.
Pero según el censo de la población en situación de calle 2018, las cifra alcanzó más de 18 mil personas que cohabitan en la Ciudad de México, con base en esta misma información oficial se crearon de las reglas de operación de los programas destinados para la atención de este sector de la población durante el ejercicio fiscal 2019.
Es decir, en sólo unos meses y entre las calles se disparó en más de 11 mil habitantes que decidieron vivir a cielo abierto en la Ciudad de México, al menos eso dicen las cifras de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicadas el 18 de enero del presente año, cuando se dieron a conocerlas reglas de operación del programa “Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras”.
Las nuevas autoridades, como la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO), que por ley es la obligada a brindar este servicio público, deberían aclarar por qué estas cifras son tan dispares en tan poco tiempo, muchísimo más cuando las autoridades centrales y de procuración de justicia han cuestionado las cifras de incidencia delictiva de la pasada administración de Mancera, a las que calificaron como “maquilladas intencionalmente”; lo mismo podría haber ocurrido con la medición de este fenómeno, que al igual que el crimen, aumenta la percepción negativa de un gobierno en turno y proyectan mala imagen de la ciudad y sus directrices, más en un año electoral, como lo fue el 2018.
Además, el presupuesto otorgado para el ejercicio fiscal 2019 únicamente es de tres millones de pesos y tiene como metas físicas la atención a 4 mil 500 personas en situación de calle, a través de la prestación de servicios sociales básicos, aunque en los números existen más personas en las calles de las que se reportaron para la creación del mencionado programa de atención a estas poblaciones, según sus propios datos de las reglas de operación.
UN FENÓMENO (ANTI) SOCIAL
La Ciudad de México se enfrenta a los impactos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales derivados del modelo económico dominante, lo que ocasiona la existencia de grandes retos que los gobiernos deben atender de forma prioritaria y urgente, respetando en todo momento los derechos humanos de quienes viven y transitan en esta gran urbe; sin distinción de edad, género, estado civil, orientación sexual, religión, origen étnico cultural, social, económica y condición física, entre otras.
Uno de estos grandes retos es la existencia de mujeres y hombres de diversas edades que pernoctan, socializan o trabajan en parques, plazas, jardines, bajo puentes, monumentos históricos, vías primarias, entre otros, los cuales les sirven como espacios para su sobrevivencia; situación que los coloca ante diferentes problemáticas de carácter económico, social, civil, de seguridad, de aislamiento y hacinamiento; contraviniendo en la práctica, al ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Para el ejercicio 2018 se proyectó un beneficio en al menos 38 mil 500 servicios sociales para atender aproximadamente a 4 mil personas en la fase de intervención con un presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2018 de tres millones de pesos.
El PAIPIPC se enfoca en la fase de intervención definida en el protocolo de atención mencionado, que comprende la detección de las personas en situación de calle en los puntos de socialización y su canalización al proceso de integración social.
El programa se alinea a los derechos plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México, garantizando una ciudad de libertades y derechos, democrática, educadora y del conocimiento, solidaria, productiva, incluyente, habitable, segura y respetuosa de los derechos de la población.
La SIBISO, a través de la Dirección General del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) es la responsable de la implementación del Programa Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras 2019, a través de su Coordinación de Atención Emergente.
De acuerdo con la información generada por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), en el estudio denominado “Identificación de necesidades de intervención en materia de prevención con población en situación de calle y personas menores en conflicto con la ley” del año 2012, el 47 por ciento de las personas encuestadas refirió que el motivo de salida a calle fueron los problemas surgidos en el núcleo familiar.
De acuerdo con los datos del Sistema de Información Básica de Asistencia e Integración Social (SIBAIS), durante el 2017 el PAIPIPC otorgó 121 mil 476 servicios, atendiendo a 10 mil 836 personas, de estas 8 mil 543 fueron del sexo masculino, 2 mil 293 del sexo femenino, no todas ellas integrantes de las poblaciones callejeras.
DERECHOS MAL EJERCIDOS
A finales del mes de marzo, un hombre fue asesinado con un objeto contundente en inmediaciones del Pueblo de los Reyes, en la alcaldía Coyoacán, donde su cuerpo fue localizado. La víctima, de alrededor 40 años, identificada como “Mario”, fue localizada ya sin vida sobre una banqueta en la avenida Monserrat, casi Eje 10 Sur; junto a él yacía una piedra.
De acuerdo con los primeros informes, se presume que el hombre se enfrascó en una riña; sin embargo, las autoridades ya recaban información en las cámaras de seguridad cercanas para saber que sucedió. Este es un ejemplo de la vulnerabilidad con la que viven miles de personas que habitan en las calles de esta ciudad.
El Informe Especial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 2012-2013, informó que los factores que causan la presencia de estas personas en calle tienen que ver con tres niveles: Factores macro estructurales o asociados a la comunidad, como son las problemáticas derivadas de movimientos económicos, políticos y culturales; Factores medio estructurales, como todas aquellas instituciones o redes de relaciones que impactan de manera más directa en las personas, como la familia, la escuela o el trabajo y; Factores micro estructurales o asociados al individuo, que tienen que ver con el aspecto subjetivo de los individuos, aquí, señala el documento, es importante considerar que en algunas ocasiones existen elementos psicológicos de identidad que promueven la vida y permanencia en la calle.
