La corrupción e impunidad que han infiltrado las más altas esferas del servicio público ha generado una gran desconfianza en los ciudadanos, quienes dudan o evitan denunciar actos de corrupción porque saben que un manto de impunidad protege a estos malos servidores públicos, señaló Paulo César Martínez, al presentar la iniciativa de ley de Sanciones Administrativas ante el Pleno de la Asamblea Legislativa.
En nombre propio y de su compañera de bancada, Aleida Alavez, el legislador presentó la propuesta del grupo parlamentario de Morena que establece sanciones patrimoniales a quienes utilicen su cargo para servirse de él.
La propuesta busca garantizar que los servidores públicos cumplan escrupulosamente en su empleo, cargo o comisión. Para ello, urge generar una ética pública que garantice una administración pública sensible, austera, responsable y honrada.
Es decir, los servidores públicos deben conducirse con honradez, ética, austeridad, integridad, receptividad, generalidad, calidad, legalidad, disciplina, moderación, economía, profesionalismo, imparcialidad, lealtad institucional, rendición de cuentas, transparencia, eficacia y eficiencia.
Es necesario establecer, dijeron, mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad que hagan sentir a la población que hemos tomado en serio sus reclamos, sus inconformidades, sus propuestas y hasta su indiferencia.
Esta iniciativa establece la obligatoriedad de acreditar fehacientemente lo que se informa en las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses. Es decir, explicaron, las autoridades deberán verificar la veracidad de lo declarado.
Señala como grave responsabilidad administrativa la utilización de recursos públicos para la contratación de propaganda que implique la promoción personal del servidor público o en favor de un grupo político con fines electorales.
Además endurece las sanciones a los malos servidores públicos al incluir penas patrimoniales, porque está visto que las administrativas son insuficientes.
Asimismo distingue entre principios, directrices, obligaciones generales de los servidores públicos y conductas sancionables. También separa las faltas administrativas graves de las no graves. Enfatiza que la gravedad de una falta administrativa dependerá de las circunstancias en la que fue cometida, así como del impacto económico derivado del monto y el daño al erario público.
Otra falta grave que debe ser prevista es no entregar información pública o la reservarla indebidamente.
Leyes y organismos que “supervisan el quehacer público” van y vienen, pero la corrupción e impunidad aumentan de forma alarmante. Ahí están los ejemplos a nivel nacional de exgobernadores que al amparo del poder se enriquecieron escandalosamente. “Esta es la oportunidad de atender el clamor social y aprobar una ley de vanguardia que no deje recovecos a la corrupción e impunidad”.
Fuente: aldf.gob.mx / Foto: Twitter @AsambleaDF
